En Nueva York, la presidente Cristina Kirchner mantuvo ayer dos reuniones clave, en el marco de la crisis de la deuda en la que el país se encuentra sumergido desde hace casi dos meses, al incumplir el fallo del juez Thomas Griesa y no llegar a un acuerdo con los holdouts.
Entre los cónclaves que tuvo ayer la jefa de Estado en el lujoso hotel Mandarin, donde se hospeda junto con su comitiva, no solo se entrevistó con el magnate George Soros -quien demandó al Bank Of New York Mellon por la retención del pago de bonos del canje, que posee a través de las inversiones de su fondo Quantum- sino que también recibió en audiencia privada al titular del Banco Interamericano (BID), Luis Alberto Moreno; y cerró la jornada con una reunión con el empresario argentino Eduardo Eurnekian.
El titular de Aeropuertos Argentina 2000 tendría intenciones de zanjar el diferendo que la Argentina mantiene con los holdouts para poder desarrollar inversiones en un clima económico más estable, con las condiciones adecuadas, publica el diario El Cronista. Al empresariado le interesa que se normalice el mercado, para que no haya un tipo de cambio oficial a $8,50 y un paralelo por encima de $15.
En ese marco, la intención de Eurnekian, y otros empresarios argentinos, sería adquirir los bonos defaulteados que mantienen los fondos buitre pero con la condición de que la operación se realice a través de un banco local y que aquellos que ingresen con su aporte, acepten entrar al canje para cobrar lo mismo que los bonistas que reestructuraron sus títulos en 2005 y 2010, consignó el matutino.
Sobre la reunión con Soros imperó el hermetismo desde la delegación oficial y sólo salió a citar la agenda de los temas tratados el vocero del banquero. No obstante, el multimillonario húngaro norteamericano tiene interés en una pronta solución porque posee bonos reestructurados a través de su fondo Quantum.
El sujeto fue hallado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, calificado por ser encargado de la educación, y se le impuso una pena de 9 años y 6 meses de prisión de ejecución efectiva.