iela Ocaña, legisladora porteña, apunta contra el Gobierno.
Graciela Ocaña, legisladora porteña por Confianza Pública, aportará hoy más datos a la investigación iniciada el 26 de mayo, que se tramita en el juzgado de la doctora María Servini de Cubría y que implicó el allanamiento de las oficinas de la AFA a principios de junio.
En el escrito, al que tuvo acceso LA NACION, Ocaña apunta contra las "contrataciones directas" realizadas por la Jefatura de Gabinete en el marco del programa Fútbol para Todos y pide que se investigue a las empresas favorecidas: Farolito International Entertainment SA, La Corte SRL, VTS, Video 4, Wayson Producciones, Recordvisión SA y Prensa Satelital SA. "El Estado Nacional habría contratado en forma directa, o mediante el reconocimiento de pagos recurriendo a la figura del "legítimo abono", por montos superiores a los $ 200 millones (...). Se habrían realizado contrataciones directas "por exclusividad", como en el caso de Farolito International Entertainment, alegando que son los únicos que pueden realizar el servicio (...). Lo extraño es que la mencionada sociedad no tenía prácticamente antecedentes comerciales. Y su capital inicial era el mínimo requerido por la ley", dice la ampliación de la denuncia.
Además, Ocaña apunta contra Santa Mónica (el agente oficial de la AFA): "Esta empresa recibió en 2011 la suma de $ 968.000 por parte del Estado Nacional, por la adquisición de los derechos de TV del partido que el seleccionado jugó con Paraguay. No llegamos a comprender cómo es que esta empresa, que era agente comercial exclusivo de la selección, termina vendiendo los derechos de televisación que eran propiedad de Torneos y Competencias", denuncia Ocaña.
En la presentación también se hace mención al retraso en la entrada en vigor del sistema AFA Plus, por lo que la legisladora requiere investigar todos los contratos firmados y el detalle de los gastos que la iniciativa insumió hasta ahora.
6000 son los millones de pesos que el Fútbol para Todos habría gastado desde 2009, según la legisladora porteña.
El sujeto fue hallado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, calificado por ser encargado de la educación, y se le impuso una pena de 9 años y 6 meses de prisión de ejecución efectiva.