La jueza María Servini de Cubría va tras las empresas que fueron favorecidas con contratos con el Fútbol para Todos en el marco de la investigación a su cargo que indaga en el manejo de fondos estatales en dicho programa.
Servini de Cubría retoma su actividad tras algunos días de licencia, luego de semanas que la tuvieron como protagonista por el nivel de sus decisiones. Procesó a la ex secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti por administración fraudulenta; dirige la investigación en la que se encontró luego de 30 años al nieto de Estela de Carlotto, Guido; y procesó al ex titular del Sedronar Ramón Granero por el tráfico de efedrina.
También allanó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a principios de agosto en búsqueda de información en la causa en que la diputada Graciela Ocaña denunció irregularidades en el manejo de fondos públicos para el programa Fútbol para Todos.
Poco antes de tomarse la licencia de la cual retorna por estas horas, la jueza libró oficios pidiendo a la Inspección General de Justicia (IGJ) que aporte los legajos de las empresas La Corte, VTS S.A, La Corte S.R.L; y Farolito Internacional.
Son empresas que fueron contratadas para realizar tareas de producción para el Fútbol para Todos.
También Servini de Cubría pidió que la empresa IVECO, auspiciante del Fútbol para Todos, aporte copia de todos los contratos de 2010 a la fecha por el torneo de primera división.
Por último, al bloque de senadores de la UCR pidió copia de un informe sobre supuestas irregularidades en el Fútbol para Todos que denunciaron, y que la denunciante Ocaña refirió en su denuncia. En dicha denuncia pública que hicieron los referentes del radicalismo, acusaron que el Estado perdió unos $950 millones cuando intervino en el fútbol.
En la causa, el fiscal federal Eduardo Taiano había imputado al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y a sus antecesores Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández. También al ahora fallecido Julio Grondona.
El sujeto fue hallado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, calificado por ser encargado de la educación, y se le impuso una pena de 9 años y 6 meses de prisión de ejecución efectiva.