En diálogo con LT10, Julio De Olazábal, Fiscal General de la provincia, expresó que “lo importante es que pudimos salir de aquel Código viejo y hoy vamos a realizar el primer juicio oral y público. Hay que ponderar la decisión del Gobierno actual en implementar este nuevo sistema que era muy dificultoso. Afortunadamente, con decisión y trabajo salimos adelante”.
Sobre el caso que se va a juzgar hoy, Julio De Olazábal agregó que “cuando este código se puso en vigencia yo les pronostiqué que en 6 o 7 meses las causas iban a estar a juicio. Fue profético, estamos a 7 meses del primer caso. En Rosario ya hubo dos. Les recuerdo que la causa inundación lleva 11 años y todavía no hay decisión para saber si los imputados son inocentes o culpables. En el interín de estos 7 meses hubo infinidades de juicios abreviados. Esta cambiando el paradigma anterior donde lasa causas no se resolvían. Esto es muy importante”.
Consultado sobre cuántos son los juicios abreviados que se están produciendo, el Fiscal General de la provincia sostuvo que “si nos manejamos por los stándares internacionales, a juicio pleno deberían llegar una ínfima parte en relación a las causas que se inician. Hoy, en nuestra ciudad, se inician 500 causas por día. Este número es elevadísimo para la cantidad de fiscales que tenemos. Esta situación ya está ocurriendo”.
En este sentido, Julio De Olazábal señaló que “algo hay que ofrecerle al imputado para que acepte el juicio abreviado. Generalmente, el imputado prefiere evitar el escarnio del juicio público y llegar a un acuerdo. Generalmente, el imputado queda condenado y este precedente es concreto. Una de las herencias del viejo sistema es que los imputados no tenían antecedentes de causas cerradas. Poco a poco esta situación va ir cambiando. Esto contribuye a la seguridad porque los antecedentes pesan en una próxima pena”.
Finalmente, el Fiscal General de la provincia remarcó que “el delito es un conflicto donde una persona ofendió a otra. Ahora, la víctima puede participar del proceso y nosotros tenemos como obligación de encontrar una solución al conflicto”.
El sujeto fue hallado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, calificado por ser encargado de la educación, y se le impuso una pena de 9 años y 6 meses de prisión de ejecución efectiva.