La aprobación de la ley de abastecimiento cosechó nuevas críticas de la mano del campo campo, tras alertar que "es peor" que la resolución 125, y de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que ratificó la inconstitucionalidad de la norma y su deseo de presentar recursos ante la Justicia.
Así, el jefe de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, advirtió que esta ley "es peor que la 125", en referencia a frustrada resolución que impulsó el Gobierno nacional en 2008 para establecer retenciones móviles a las exportaciones del sector rural. Precisó, también, que la 125 perjudicaba sólo al campo y "esto [la ley de abastecimiento] perjudica a toda la economía".
Etchevehere aseguró que "todas las cámaras empresarias están en contra de esta ley" y reconoció que están trabajando con abogados para presentar algún reclamo ante la nueva normativa que se aprobó el pasado jueves en Diputados y se promulgó ayer mediante decreto presidencial.
Por otro lado, Etchevehere agregó que las entidades rurales están "alerta en toda la Argentina para que, en el caso de que alguien vaya a un establecimiento agropecuario a decomisar algún producto, rápidamente ir e interponer un recurso de amparo para cesar la acción".
El empresariado renovó sus críticas
Bajo una línea similar, se expresó el presidente de AEA, Jaime Campos, quien ratificó que se está "analizando con profundidad" de presentar recursos en la Justicia para declarar la inconstitucionalidad de la ley: "Hemos consultado con muchos abogados y claramente hay normas muy puntuales que no coinciden con el sistema económico de la Argentina", señaló en diálogo con radio El Mundo.
Campos señaló en ese sentido que la ley concentra "un impacto generalizado en el mundo del empresariado muy negativo". "Es una ley muy grave por lo que implica, en todas las entidades empresarias nos hemos unido en este reclamo, es una unidad que es única y desde hace muchos años que no se produce esta unidad total del empresariado en la materia", aseveró.
La denominada ley de "Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo" fue sancionada en la madrugada del jueves con el voto positivo de 130 diputados, la negativa de 105 y la abstención de 5.
El sujeto fue hallado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, calificado por ser encargado de la educación, y se le impuso una pena de 9 años y 6 meses de prisión de ejecución efectiva.