El ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto, dio inicio formal ayer a la etapa de oposición de los ascensos policiales 2012, donde el jurado constituido evalúa a los uniformados que atravesaron la fase previa.
Este proceso de oposición en los rangos superiores (Dirección y Supervisión) consiste en un examen oral donde el efectivo debe defender un trabajo presentado previamente. Posteriormente será el turno de las jerarquías iniciales (Ejecución y Coordinación) donde serán convocadas a rendir un examen que se realizará simultáneamente en todas las regiones de la provincia.
Los ascensos policiales por concurso forman parte de las “Bases para una Seguridad Democrática” que lleva adelante el gobierno provincial, y busca garantizar el principio constitucional de idoneidad y el mérito como fundamento para los ascensos. El objetivo de esta medida de gran importancia es jerarquizar al personal valorando los esfuerzos en la capacitación y profesionalización dentro de la fuerza policial.
Al respecto, Lamberto opinó que “este proceso es un hecho inédito, que se inició a mediados del 2013 con los cursos de preparación que dio el Isep; luego se siguió con las resoluciones del ministerio y el gobernador, que teniendo en cuenta el proceso de convocatoria, la elección del representante policial, la inscripción y la evaluación de los antecedentes que culminaron el día viernes, llegamos a esta etapa que es la prueba de oposición, y en ese sentido hay que destacar que se hizo con total normalidad y con gran predisposición tanto de los agentes policiales como de los jurados”, enfatizó.
Con respecto a los jurados, el ministro indicó: “son mixtos, que es otra novedad ya que antes los jurados estaban integrados por fuerzas policiales que en general eran de los rangos superiores. El de ahora es un jurado que está representado por un miembro del Ministerio de Seguridad no policía, un miembro del Ministerio de Educación, un miembro del poder judicial designado por la Corte Suprema de Justicia de la provincia, un miembro del personal policial designado por la jefatura de policía de la provincia y un miembro del personal policial elegido por medio del voto secreto, universal y obligatorio”.
“Se trata de un tribunal claramente mixto, sin antecedentes en los ascensos de la provincia y sobre bases objetivas”, sostuvo el titular de la cartera de Seguridad.
CONCURSOS
Los ascensos por concurso 2012 tuvieron su primera etapa entre octubre y diciembre del año pasado, cuando 4500 policías realizaron un curso de carácter obligatorio y online dictado por el Instituto de Seguridad Pública (ISeP).
Así de 4.500 personas que aprobaron, unas 4.200 estuvieron en condiciones de continuar en el concurso y pasar a la siguiente etapa consistente en la inscripción. Luego se llevó a cabo la presentación de los antecedentes de cada uno de los postulantes y, tras ello, su evaluación por parte de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Seguridad.
Por último, y mientras se llevaban adelante estas instancias del concurso, se procedió a definir a los integrantes del jurado conforme lo prevé la normativa.
MÉRITO, IDONEIDAD Y TRANSPARENCIA
En marzo del año 2013 el gobernador, Antonio Bonfatti, firmó el Decreto N°423/13 que establece el régimen de ascensos por concursos para el personal policial, reemplazando de esta forma al Régimen de Promociones Policiales de 1992, basado en juntas de calificaciones integradas exclusivamente por personal policial.
Este nuevo sistema busca garantizar el principio constitucional de idoneidad y el mérito como fundamento para los ascensos. El objetivo es jerarquizar al personal policial, valorando los esfuerzos en la capacitación y profesionalización dentro de las fuerzas para lograr mejores condiciones de mérito, en un proceso transparente de ascenso.
Este año el gobernador firmó el Decreto N° 1441/14, norma en la que quedó establecida la convocatoria a los concursos de ascensos policiales correspondientes a los años 2012 –que se están llevando adelante ahora– y 2013.
El sujeto fue hallado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, calificado por ser encargado de la educación, y se le impuso una pena de 9 años y 6 meses de prisión de ejecución efectiva.