Echegaray señaló que la AFIP pidió la detención de los integrantes del directorio de la compañía e informó sobre el envío de documentación a la Security Exchange Comision (SEC) de los Estados Unidos para que investiguen la maniobra que realizó la firma en Buenos Aires.
"Está descartado que el Estado se haga cargo de la empresa, ni tampoco que se genere un esquema de fábrica recuperada", dijo el funcionario, quien justificó la decisión en que la firma "no es un proveedor esencial del Estado, ni tampoco tiene una vinculación directa".
En una conferencia de prensa en la sede del organismo, Echegaray denunció el pedido de quiebra como "fraudulento" y cuestionó el accionar del juez Gerardo Santicchia, porque la otorgó "el mismo lunes 11 de junio" cuando fue solicitada.
"Analizamos todo 2014 y sobre las 1.189 quiebras solicitadas ninguna se otorgó en el mismo día", enfatizó el funcionario.
En ese sentido, reclamó la misma celeridad para que el juzgado defina la continuidad o no de la compañía.
"La suerte de 402 trabajadores está pendiente de la decisión del Juzgado", insistió.
Echegaray remarcó que el caso Donnelley es "una quiebra fraudulenta" porque no hay "ninguna razón económica financiera" que la justifique.
El arma fue entregada a la Policía tras ser encontrada por un grupo de hombres en la tarde del miércoles.