Después de 12 años de disputa judicial, el gobierno porteño volverá a tener ‘poder de policía’ sobre el casino flotante de Puerto Madero. Es decir, a partir de ahora y gracias a un fallo de la Corte Suprema, la administración de Mauricio Macri pasará a tener control total sobre uno de los principales negocios de Cristóbal López.
El empresario K es accionista de Casino Club, sociedad que en 2007 realizó un intercambio accionario con Cirsa, grupo español a cargo de las actividades del casino flotante a través de la firma Casino Puerto Madero. La sociedad fue autorizada por Lotería Nacional y López aportó u$s 100 millones, a cambio del control de la mitad del negocio.
López mantiene, además, el control sobre las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo, y otros 17 casinos y bingos en todo el país.
En el caso porteño, su desembarco vino de la mano de varias medidas judiciales sobre la jurisdicción a la que debía remitirse el barco Estrella de la Fortuna, el primero de los dos que Cirsa opera en Puerto Madero. El otro es el Princess.
Según se explica en el Centro de Información Judicial, en 1999 Cirsa pidió que se “declare que el control de las actividades que se realizan en el buque Estrella de la Fortuna es de competencia exclusiva y excluyente de autoridades nacionales”. La empresa obtuvo una medida cautelar que durante 12 años permitió que el Casino funcionara bajo jurisdicción federal (Lotería Nacional, Administración General de Puertos, Prefectura Naval Argentina y Dirección de Fronteras) y fuera de la competencia de la Ciudad que así no pudo ejercer poder de policía no potestades tributarias.
La cautelar se mantuvo aun cuando en 2003 ambas administraciones acordaron dar por finalizado el conflicto y regularon la participación de la Ciudad y la Nación en lo recaudado por los juegos de azar. También establecieron pautas vinculadas a la habilitación de establecimientos similares. De este modo, las razones de ‘certeza’ invocadas al inicio del proceso habían desaparecido.
Ayer, el fallo de la Corte Suprema dejó ahora sí sin efecto concreto la cautelar y le devolvió a Macri la posibilidad de ejercer ‘poder de policía’ y cobrar impuestos al barco casino.
El tribunal hizo lugar a un recurso de queja planteado por el gobierno porteño y declaró ‘abstractas’ las medidas dictadas por la justicia en lo Civil y Comercial Federal.
“Resulta contrario a los más elementales principios de justicia mantener un proceso en el que se han dictado cautelares vigentes desde muy larga data cuando es evidente que la decisión pretendida ha devenido abstracta por la modificación del contexto fáctico en el que se inscribió”, sostiene el fallo.
Los jueces recomiendan además “examinar con criterio estricto las cautelares que impiden la percepción de restas públicas, en tanto estas resultan indispensables para el funcionamiento del Estado y el sostenimiento de los intereses de la comunidad”. De hecho, hasta ahora la AGIP no ha podido cobrar tributos sobre el negocio del Casino Flotante.
El texto determina que cobra vigencia el convenio firmado en 2003, al que ahora deberán adecuarse las dos jurisdicciones.
Consultadas por El Cronista, fuentes del gobierno porteño aseguraron que aún no han tomado una decisión final sobre si, con el poder bajo la administración Macri, ahora ordenarán el cierre del barco o lo mantendrán operativo.
Como antecedente, cabe recordar que en agosto pasado, Macri extendió por otros cuatro años la concesión del Casino Flotante.
La Policía de Investigaciones de Santa Fe desplegó un operativo durante la madrugada en el distrito costero de la capital y logró detener a cuatro hombres vinculados a causas por homicidio y tentativa de homicidio, de distintas bandas de delincuentes.