En silencio, el Gobierno intenta dejar atrás litigios en los tribunales internacionales para volver a pedir créditos externos en el mediano plazo. Esta vez, no con un acuerdo como el que cerró con cinco empresas norteamericanas por US$ 677 millones el año pasado. La apuesta es nueva: frente al reclamo de US$ 1.600 millones del grupo español Marsans por Aerolíneas Argentinas en el Ciadi, la Argentina presentó una contrademanda por daños por US$ 940 millones.
La estrategia, nunca antes aplicada en las más de 45 causas contra el país en ese estrado del Banco Mundial, intenta licuar el reclamo y forzar un laudo, en seis meses o un año, con el menor costo posible para el país. Fuentes de la negociación sueñan con que haya una sentencia del orden de los US$ 200 a 400 millones.
La postura fue llevada hace unos días a Washington por la procuradora del Tesoro de la Nación, María Esther Abbona, muy cercana a Cristina Kirchner, junto al gerente financiero de Aerolíneas, Pablo Ceriani, además de representantes de KPMG, la auditora contratada para cuantificar el impacto de la gestión Marsans. Desde la estatización, la aerolínea está presidida por Mariano Recalde, militante de La Cámpora.
El reclamo contra la Argentina hoy lo lleva adelante el fondo buitre Burford Capital, que le compró los derechos de reclamar al holding español. Marsans está en bancarrota y uno de sus ex dueños, Gerardo Díaz Ferrán, está preso en España por otra causa. El otro, Gonzalo Pascual, falleció.
La demanda en el Ciadi es por el congelamiento de las tarifas durante la gestión española y por la expropiación llevada a cabo en 2008. El Gobierno sostiene que encontró patrimonio negativo por una cifra similar a la que hoy decidió contrademandar. En la compañía hallaron aviones desmantelados y contratos incumplidos, entre otros desfalcos.
Una vez que se emita el laudo, si Burford –titular de los derechos de Marsans– tuviera que cobrar, debería refrendar el veredicto en nuestro país. Aquí, en febrero, el juez Enrique Lavié Pico reconoció el derecho del Estado a la expropiación de las acciones de la compañía. Mientras tanto, otras voces aseguran que así como hubo un acuerdo el año pasado con los fondos titulares de las demandas de CMS Gas, Continental Casualty, Vivendi, Azurix y National Grid, no se descartaría en el transcurso de este año que haya intentos similares de conseguir un pacto en igual sentido.
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