Otra vez falló el “bolillero” le tocó a Oyarbide. Una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans contra Carlos Liuzzi, el dos de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica, en base a una investigación de Clarín, recayó en el juzgado del polémico magistrado luego del sorteo informático que realiza la Cámara Federal.
Oyarbide quedó en una situación incómoda. Si decide excusarse bajo el argumento de que ya investigó a Liuzzi, en 2012, será cuestionado. Pero si se queda con la causa también será motivo de sospecha. El fiscal Miguel Osorio espera su decisión.
La causa anterior también se había generado por una denuncia de Monner Sans. En aquel caso, Oyarbide archivó la parte referida al supuesto enriquecimiento patrimonial, y la semana pasada se negó a reabrirla tras un pedido del fiscal Patricio Evers. Ese debate lo resolverá la Cámara Federal.
El juez también había sobreseído a subsecretario de Legal y Técnica por las negociaciones incompatibles. Monner Sans entendió que ahora hay nuevos datos y ayer presentó otra denuncia en Comodoro Py. La nueva presentación judicial recoge una investigación de Clarín que reveló los vínculos entre Liuzzi y una consultora en servicios informáticos contratada por Legal y Técnica desde 2006 hasta la actualidad. Esa firma, Administradora de Conocimientos (ADCONSA), comparte dos socios y el domicilio con la constructora que el funcionario admite como propia, Desarrollo y Construcción SA. Además, ex empleados de la consultora confirmaron el vínculo estrecho entre Liuzzi y el presidente de la consultora, Fernando Benvenuto, con quien compartiría otros negocios. Y denunciaron ante este diario que muchos de los contratos se hacían por contratación directa. Solo en 2009, ADCONSA recibió más de 29 millones de pesos del área que controlan Liuzzi y Zannini por trabajos realizados en el Boletín Oficial, la Dirección de Administración de Sistemas (DASI) y la Dirección General de Administración (DGA).
La consultora, creada en 2005, también declara que fue proveedor de la Administración de Parques Nacionales (2013), del Ministerio de Defensa (2013), del Ministerio de Justicia (2010), y de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC). Su crecimiento es desmedido. En el último balance, declaró ventas por $70.746.934.
El escándalo que tiene en vilo a Oyarbide y Liuzzi comenzó en el allanamiento del 19 de diciembre, pero se reactivó hace dos semanas cuando el juez denunció que paró una serie de 22 allanamientos tras un llamado del funcionario, quien le trasmitió que en la financiera de un amigo suyo, Propyme, un grupo de policías de la DIFOC estaban pidiendo una coima. El juez se refirió al funcionario como una “fuente confiable”, aunque no hizo la denuncia ni fue al lugar a constar si era cierta.
En Tribunales ya hay al menos dos causas derivadas del escándalo que están en manos del juez Luis Rodríguez. En una de ellas, Oyarbide y Liuzzi podrían ser imputados en las próximas horas.
También resta por definir qué juez investigará la causa principal, que comenzó con un llamado anónimo y terminó en los allanamientos del 19 de diciembre.
Las primeras hipótesis indican que el agente policial, que está en disponibilidad, habría ingresado a la vivienda con intenciones de robar. Está internado en el Cullen.