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En su homilía, el arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, dijo que los terroristas jihadistas que mataron a 191 personas e hirieron a más de 1.900 "con una premeditación escalofriante, estaban dispuestos a matar inocentes a fin de conseguir oscuros objetivos de poder".

"No sabemos cuáles fueron los propósitos y las intenciones últimas de los que pensaron, programaron y ejecutaron los atentados, pero no podrán anular los frutos de nueva humanidad", sostuvo.

Al funeral, celebrado en la catedral de La Almudena de Madrid, asistieron junto a los reyes el presidente, Mariano Rajoy, y otras autoridades del Estado, así como la princesa Letizia, mientras que el príncipe Felipe no estuvo presente al asistir en Chile a la investidura de Michelle Bachelet.

Entre los familiares de las víctimas, que llenaron la catedral, reinó el silencio durante toda la ceremonia, sólo roto por el llanto de un bebé.

La presidenta de la asociación mayoritaria de víctimas, Pilar Manjón, dijo que habría preferido una ceremonia laica ya que muchos de los fallecidos -el 33% de ellos inmigrantes- no profesaba la religión católica.

Han pasado 10 años, pero Madrid no olvida aquel 11 de marzo de 2004 en el que la ciudad despertó a las 07:37 horas con una oleada de explosiones en un tren que arribaba a la céntrica estación de Atocha.

Solo un minuto más tarde, otras tres bombas estallaron en trenes que circulaban en los extrarradios y provocaron el pánico y el caos. La red de transporte se bloqueó, las líneas telefónicas se colapsaron y los taxis tuvieron que ejercer de ambulancias ante la desbordante cifra de heridos.

Los servicios de emergencias desplegaron una operación similar a la de las grandes catástrofes, paralizando una ciudad que pasó en horas de los gritos de rabia y dolor al silencio del luto.

Pero el 11-M irrumpió también en la vida política del país. Tuvo lugar solo tres días antes de unas elecciones generales y dio un vuelco a sus resultados: en contra de los pronósticos de las encuestas previas a los atentados, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero venció al entonces presidente, José María Aznar.

Una parte del electorado castigó a este último tras acusarle de mentir sobre la autoría de los atentados. El mismo 11 de marzo, el Ejecutivo atribuyó los artefactos a ETA, un grupo armado con una larga trayectoria violenta en España en su afán por conseguir la independencia de la región del País Vasco.

El gobierno mantuvo dicha tesis incluso después de hallarse indicios que apuntaban a una autoría yihadista, mientras algunos medios internacionales empezaban ya a señalar a Al Qaeda y la propia izquierda independentista vasca negaba la implicación de ETA.

Al día siguiente, una oleada humana, una de las mayores en la democracia española, recorrió el centro de Madrid en rechazo a los atentados, con unos ciudadanos todavía consternados y sin una idea clara de lo ocurrido: pancartas contra ETA se mezclaron aquel día con gritos de condena a Al Qaeda.

En la jornada de reflexión previa a los comicios, miles de personas acusaron a Aznar frente a las sedes del Partido Popular (PP) de mentir por miedo a una debacle en las urnas. Una parte de la población vio en su polémica decisión de involucrar a España en la guerra de Irak en 2003 la causa de los atentados.

En 2007, tras un esperado y polémico juicio, la Justicia española dictó sentencia: condenó a 21 personas a penas de entre tres y más de 42.000 años de prisión por los atentados. Pero no se pudo juzgar a siete de los terroristas que colocaron las bombas porque se inmolaron tres semanas después del atentado, al ser rodeados por la policía.

En segunda instancia quedaron 18 condenados. De ellos, ocho han salido ya de prisión y está previsto que otro lo haga en los próximos días.