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Lunes 09 de Diciembre de 2013 - 22:32 hs
Para ACARA, el impuesto a autos de alta gama traerá \\"efectos no deseados\\"
La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) analizó las perspectivas del sector y dijo estar ante un año "de doble faz": mientras festejan los nuevos récord de ventas alcanzados en 2013, auguran un 2014 con "efectos no deseados" por la implementación del nuevo impuesto interno a los autos de alta gama.
Abel Bomrad, presidente de ACARA, estimó que el mercado automotor cerrará 2013 con 945 mil unidades vendidas, un 4% más que lo previsto a principios de año. Sin embargó, manifestó su preocupación por la aplicación del nuevo impuesto: "Esta ley parece no haber sido analizada por el Gobierno, que hasta hace poco hablaba de dos millones de autos producidos para 2020, de mayor integración, de introducir a la alta gama en la Argentina para mejorar la industria... pero esta medida tira todo por tierra".
Según datos de la entidad, el impuesto grabaría al 8% de las unidades vendidas y al 15% de la facturación, pero para antes del próximo octubre podría alcanzar al 70% de los autos comercializados en el país por la suba de precios que éstos tendrán. "Esto afectará puestos de trabajo, líneas de producción, las relaciones bilaterales con Brasil y México", dijo Bomrad, quien agregó que esta dirección es contradictoria con el rumbo que venía tomando el Gobierno para fomentar la actividad del sector. "Se lanzó esta medida como un ataque a los bienes de lujo, como un problema de clases, pero ahora es difícil asumir el error sin costos políticos", señaló el directivo.
El titular de ACARA también afirmó que el problema es de divisas y que para eso deberían trabajar en mejorar los niveles de integración de autopartes nacionales, hoy cercanos al 30% en los vehículos fabricados en el país.
A su vez, se mostró intranquilo por los 40 mil autos frenados en la aduana, en el puerto de Zárate, nivel similar al de mayo de 2012, cuando comenzaron a regir las trabas establecidas por la Secretaría de Comercio a los vehículos importados y que generó desabastecimiento en los concesionarios. En este caso, se trata de autos ya reservados por los clientes a un precio que no contemplaba el nuevo impuesto. De quedar gravados, sufrirían una alteración en las condiciones pactadas, con lo cual se caerían operaciones. "Nadie sabe quién se hará cargo de ese costo diferencial. Habrá negociaciones entre las terminales y los concesionarios", sostuvo Bomrad.
En la práctica, ACARA prevé que los concesionarios de marcas generalistas tratarán de vender cuando antes sus modelos de alta gama y sólo repondrán vehículos no gravados por el impuesto, ya que los autos en stock generan costos para los comerciantes. "Los concesionarios premium, en cambio, están encerrados", evaluó.
La entidad alertó por una sobredemanda de los autos que valen hasta $170.000 -cuya oferta no alcanzaría para satisfacer el mercado -, y por la desaparición de los modelos que están en las franjas de precio que le siguen. También aseguró que habrá una caída abrupta de los márgenes de ganancia de los concesionarios, que tributan sobre el valor total de los vehículos vendidos.
"Esta ley es un emparche que provoca una modificación a un esquema de trabajo que el Gobierno había establecido para cinco años a futuro. Nos hubiera gustado trabajar en conjunto, pero no nos recibieron", cerró Bomrad.
Abel Bomrad, presidente de ACARA, estimó que el mercado automotor cerrará 2013 con 945 mil unidades vendidas, un 4% más que lo previsto a principios de año. Sin embargó, manifestó su preocupación por la aplicación del nuevo impuesto: "Esta ley parece no haber sido analizada por el Gobierno, que hasta hace poco hablaba de dos millones de autos producidos para 2020, de mayor integración, de introducir a la alta gama en la Argentina para mejorar la industria... pero esta medida tira todo por tierra".
Según datos de la entidad, el impuesto grabaría al 8% de las unidades vendidas y al 15% de la facturación, pero para antes del próximo octubre podría alcanzar al 70% de los autos comercializados en el país por la suba de precios que éstos tendrán. "Esto afectará puestos de trabajo, líneas de producción, las relaciones bilaterales con Brasil y México", dijo Bomrad, quien agregó que esta dirección es contradictoria con el rumbo que venía tomando el Gobierno para fomentar la actividad del sector. "Se lanzó esta medida como un ataque a los bienes de lujo, como un problema de clases, pero ahora es difícil asumir el error sin costos políticos", señaló el directivo.
El titular de ACARA también afirmó que el problema es de divisas y que para eso deberían trabajar en mejorar los niveles de integración de autopartes nacionales, hoy cercanos al 30% en los vehículos fabricados en el país.
A su vez, se mostró intranquilo por los 40 mil autos frenados en la aduana, en el puerto de Zárate, nivel similar al de mayo de 2012, cuando comenzaron a regir las trabas establecidas por la Secretaría de Comercio a los vehículos importados y que generó desabastecimiento en los concesionarios. En este caso, se trata de autos ya reservados por los clientes a un precio que no contemplaba el nuevo impuesto. De quedar gravados, sufrirían una alteración en las condiciones pactadas, con lo cual se caerían operaciones. "Nadie sabe quién se hará cargo de ese costo diferencial. Habrá negociaciones entre las terminales y los concesionarios", sostuvo Bomrad.
En la práctica, ACARA prevé que los concesionarios de marcas generalistas tratarán de vender cuando antes sus modelos de alta gama y sólo repondrán vehículos no gravados por el impuesto, ya que los autos en stock generan costos para los comerciantes. "Los concesionarios premium, en cambio, están encerrados", evaluó.
La entidad alertó por una sobredemanda de los autos que valen hasta $170.000 -cuya oferta no alcanzaría para satisfacer el mercado -, y por la desaparición de los modelos que están en las franjas de precio que le siguen. También aseguró que habrá una caída abrupta de los márgenes de ganancia de los concesionarios, que tributan sobre el valor total de los vehículos vendidos.
"Esta ley es un emparche que provoca una modificación a un esquema de trabajo que el Gobierno había establecido para cinco años a futuro. Nos hubiera gustado trabajar en conjunto, pero no nos recibieron", cerró Bomrad.
Fuente: ambito
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