El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó hoy un escrito ante la justicia Federal de Rosario solicitando que se extremen las medidas de seguridad en relación a acusados de lesa humanidad ante la inminencia del fallo en la causa Porra, también llamada Guerrieri II, que finalizará el 12 de diciembre en Rosario y en la que se juzga a 12 represores. Tal pedido se da en un contexto de concesión de salidas y permisos a algunos imputados de estas graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura cívico militar y teniendo en cuenta las recientes fugas de otros represores que se registraron en otras jurisdicciones, indicaron desde la cartera.
La presentación fue radicada esta mañana por la Secretaría de Derechos Humanos, en cuya órbita funciona el Programa provincial de protección y acompañamiento de testigos y querellantes en juicios de lesa humanidad, ante el juez Roberto Manuel López Arango, por permisos concedidos por otro magistrado. Desde el área señalaron que con esta medida se pretende “llevar tranquilidad a testigos, querellantes y sus patrocinantes, que los permisos concedidos a los imputados no se transformen en privilegios, y que se pueda garantizar la correcta marcha de los juicios, evitando la impunidad y apuntalando el proceso de memoria, verdad y justicia que atravesamos como sociedad”.
La causa Porra, el proceso oral número 12 de este tipo que se tramita en la provincia, comenzó el 9 de agosto en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario y juzga a 12 represores que actuaron en el Batallón 121. Por lo tanto se trata del juicio con más cantidad de imputados hasta el momento en Rosario y en la provincia. Considerada la segunda parte de la causa Guerrieri, investiga el accionar represivo respecto a hechos cometidos durante la última dictadura cívico militar contra 26 víctimas.
Los imputados son Pascual Guerrieri, Daniel Amelong, Alberto Fariña, Walter Pagano, Eduardo Constanzo, Marino González, Ariel Porra, Alberto Pelliza, Ariel López, Andrés Cabrera, Carlos Sfulcini y Joaquín Guerrera son investigados por los delitos de “privación ilegítima de la libertad, aplicación de torturas, asociación ilícita y 14 homicidios”, y por su actuación en el Batallón 121 y en los centros clandestinos de detención La Calamita (Granadero Baigorria), Quinta de Funes (Funes) y Fábrica de Armas (Fray Luis Beltrán).
El tribunal de este juicio está conformado por Roberto Manuel López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros, todos miembros del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Paraná. Como fiscal actúa Gonzalo Stara, quien también hizo planteos en cuanto a la necesidad de extremar las medidas de seguridad con respecto a los imputados de estos graves delitos.
Se debe a trabajos de Aguas Santafesinas y otros de bacheo llevados a cabo por la Municipalidad de Santa Fe en distintos sectores de la ciudad.