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 El juez federal Ariel Lijo procesó y embargó a 17 imputados por el presunto pagos de sobornos a funcionarios del gobierno menemista para quedarse con el negocio de la confección de los DNI. Los procesados son empresarios o intermediarios que participaron de la maniobra. La Justicia ya determinó que se pagaron más de 106 millones de dólares en coimas. Ahora, falta determinar quiénes son los funcionarios que cobraron para favorecer a la empresa alemana. El contrato fue anulado en 2000 por Fernando de la Rúa.

El juez procesó a los directivos de Siemens Uriel Jonathan Sharef, Ulrich Albert Otto Fritz Bock, Eberhard George Reichert, Luis Rodolfo Schirado, Andrés Ricardo Truppel, Ernst Michael Brechtel, Bernd Regendatz, Ralph Matthias Kleinhempel y José Alberto Ares. También fueron procesados como intermediarios de los pagos Carlos Francisco Soriano, Miguel Angel Czysch y José David. Los otros procesados son dirtectivos de la competidora que participó de la maniobra a cambio de no impugnar la decisión estatal de contratar a Siemens It Services, una subsidiaria de la multinacional. Ellos son Antonio Solsona, Guillermo Andrés Romero, Orlando Salvestrini, Luis Cudmani y Federico Rossi Beguy.

El caso, que se transformó en un emblema de la corrupción, arrancó en febrero de 1998, cuando el entonces presidente Carlos Menem firmó el decreto que le adjudicó a Siemens IT Services SA (Sitsa) la confección de los documentos de identidad y pasaportes por seis años. La empresa firmó un contrato por 600 millones de dólares, que se extendió y ascendió luego a 1.200 millones.

Desde sus orígenes, el contrato fue motivo de varias investigaciones. En 2004, Lijo quedó al frente de la causa penal. Y en 2008, la propia Siemens confesó por escrito, en los Estados Unidos, un amplio abanico de conductas delictivas en distintas partes del mundo. En ese documento, le dedicó a la Argentina un capítulo completo, en el que reconoció haber pagado a funcionarios más de 106 millones de dólares en coimas.

Según consta en la causa judicial a cargo de Lijo, para poder justificar los pagos, Siemens firmó contratos ficticios por servicios que nunca se prestaron. Esa operatoria habría permitido encubrir la recepción del dinero por parte de los funcionarios públicos. Las empresas que recibieron los pagos tenían cuentas bancarias en distintos países, lo que dificultó la individualización de los receptores finales.

Por ese motivo, en la misma resolución que se conoció hoy a través del CIJ, Lijo ordenó que se libren nuevos exhortos internacionales a los Emiratos Arabes Unidos, Dubai, Hong Kong, y Estados Unidos.

Para el juez, existió un acuerdo entre Siemens e integrantes del grupo económico SOCMA para que empresas dependientes de esta última permitieran la contratación. Ese acuerdo se materializó a través de la compra de la empresa Itron (de SOCMA) a un valor "excesivamente mayor" al que costaba y con la inclusión de Correo Argentino, también perteneciente a ese grupo económico, en el proyecto de los DNI.

La Justicia argentina confirmó al menos 60 pagos, por un total de US$ 106.302.706, para quienes actuaron como intermediarios como para los miembros del gobierno nacional que intervinieron en el proceso licitatorio.

Desde la empresa Siemens dijeron hoy que no harán declaraciones, aunque remarcaron que "los procesados fueron separados de sus puestos y ninguno sigue en la empresa". Además destacaron que Siemens "siempre colaboró con la justicia proveyendo la información requerida por el juez".