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 El procesamiento de un subcomisario de la policía bonaerense por el delito de "trata de persona con fines de explotación sexual" al acreditarse su vínculo con prostíbulos de la localidad de San Miguel significó un avance para terminar con estos casos aunque desde las organizaciones sociales que buscan su erradicación hay preocupación por la falta de decisiones políticas de la gestión Joaquín de la Torre en este municipio bonaerense.

"Nosotros no tenemos ningún conocimiento de que hayan tomado ninguna decisión política, de que hayan hecho algo sobre la trata de personas desde el municipio. No tenemos información donde se haya detectado una política pública o se haya declarado alguna emergencia. Lo que nosotros consideramos es que hacen cómo si no pasara nada", indicó con preocupación Gladys Villalba, integrante de RAT Red Alto al Tráfico Argentina Línea Fundadora y de la ONG Organización de Derechos Humanos Razonar.

"En ningún momento vemos que quien denunciara estos casos sea el municipio. Que se hayan rescatado muchas víctimas, muchas extranjeras, paraguayas, bolivianas y también adolescentes, menores de 18 años, es para preocuparse. Y si no se declara la emergencia tendría que haber alguna otra política. Ellos tienen inspectores que deberían controlar qué actividades hay en ciertos lugares y no están haciendo nada", agregó Villalba, en diálogo con este medio.

Sobre la existencia de más lugares donde se ejerce la prostitución dentro de San Miguel, detalló: "Sabemos que hay algunos prostíbulos que siguen funcionando, sobre todo sobre la Ruta 8. También nos llaman vecinos que sospechan que hay departamentos privados porque ven ingresar personas todo el tiempo y por la mañana ven salir chicas escoltadas a hacer mandados".

El procesamiento con prisión preventiva, dictado por el juez federal Ariel Lijo, alcanzó al ex jefe de calle de la comisaría 1ª. de San Miguel, Walter Azor, arrestado días atrás junto al ex oficial de la bonaerense Miguel Ángel Vara, y a otros 14 civiles que se desempeñaban como jefes, custodios y empleados de siete "privados" en los que se ejercía la prostitución.

Según informaron fuentes judiciales, en esos prostíbulos rescataron a más de tres decenas de mujeres la mayoría de nacionalidad paraguaya , a quienes se mantenía en "precarias condiciones de salubridad e higiene".

La causa se inició el 29 de abril con una denuncia en la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Una mujer era retenida en un prostíbulo de la calle Lima al 1400 de San Miguel.

Según constancias del expediente, "el personal policial otorgó su asesoramiento a cambio del pago semanal de una suma aproximada a los setecientos pesos. Esto era llevado adelante en principio por Miguel Ángel Varas, Walter Roberto Azor y Daniel Ojeda con los dueños y encargados de los prostíbulos con quienes tenían un arreglo económico".

El magistrado tuvo por acreditado que Varas actuaba como "nexo" entre Azor y quienes eran responsables de los prostíbulos, en tanto Ojeda es un subteniente de la bonaerense aparentemente encargado de "brindar seguridad" a los lugares.

Sobre Azor, el juez dijo que "su participación fue esencial, ya que de lo contrario jamás podría haber funcionado esta organización, por cuanto él detentaba uno de los cargos con mayor jerarquía subcomisario de la seccional 1ª- de las fuerzas de seguridad encargadas de combatir este tipo de delitos".

Para el juez, el policía lejos estuvo de realizar esta tareas al participar de esta organización.

Los policías fueron procesados por los delitos de cohecho y trata de personas agravada "por haberse aprovechado de su situación de vulnerabilidad, por haber estado una de ellas embarazadas, porque fueron más de tres las víctimas sometidas, porque su conducta la llevó a cabo con la participación de más de tres personas, porque se consumó la explotación de sus víctimas y finalmente porque participó personal policial".