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 La diputada nacional Alicia Ciciliani presentó un proyecto con el objetivo central de mejorar la accesibilidad de la población a los medicamentos integrando la salud pública en la legislación sobre patentes.

Concretamente, impulsa la participación en el procedimiento de otorgamiento de una patente del organismo público especializado en la materia, como lo es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, estableciendo a la vez criterios más estrictos y rigurosos para su otorgamiento. Esto, pondría límites a una serie de prácticas y mecanismos (evergreening) por medio de los cuales los laboratorios han logrado extender los 20 años iniciales del derecho a la exclusividad de la producción y la comercialización de los productos patentados.

“Claramente con las prácticas actuales el beneficio del interés privado redunda en un perjuicio para la población, y por ello con esta modificación sería posible acercar los medicamentos adecuados a quien más los necesite y a un costo razonable”, dijo Ciciliani y agregó : “Existiría la posibilidad de que laboratorios públicos produzcan medicinas que hasta ahora por su patentamiento son exclusividad de empresas privadas y que por pequeñas modificaciones que realizan les permiten prorrogar esa exclusividad de manera recurrente”.


En la década de los 90 la implementación de la protección de la propiedad intelectual sobre los medicamentos, conocida como Ley de Patentes, acarreó en todo el mundo graves consecuencias para las poblaciones más pobres que quedaron expuestas a grandes epidemias por los altos costos de los medicamentos esenciales para su curación. Ello motivó la Declaración de Doha de 2001 que permitió a los países adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población al formular o modificar sus leyes y reglamentos. En Argentina, la Ley 24.481, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, otorgó protección a las invenciones de productos y procedimientos farmacéuticos, lo que significa que el laboratorio dueño de la patente tiene derecho a la exclusividad de la producción y la comercialización de los mismos durante 20 años, pudiendo asimismo, si no hay un mecanismo de control, fijar los precios de los medicamentos protegidos. A ello se suman una serie de prácticas y mecanismos (evergreening) por medio de los cuales los laboratorios han logrado que los Estados terminen prorrogando dicho plazo a fin de impedir el ingreso de los medicamentos en el dominio público.