La Unidad de Información Financiera (UIF) procedió al “congelamiento administrativo” de los bienes de los represores Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera, quienes se fugaron hace seis días del Hospital Militar.
La UIF, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, explicó hoy al respecto que hizo uso de las facultades conferidas por la ley 25.246 y modificatorias (de lavado de activos), la ley 26.734 (de financiación del terrorismo) y el decreto 918/12 (de congelamiento administrativo).
De Marchi y Olivera habían sido condenados a principios de este mes en el marco del primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en la provincia de San Juan.
Debido a la supuesta necesidad de recibir tratamiento médico, el Juzgado Federal 2 de San Juan había autorizado el traslado al Hospital Militar ‘Cosme Argerich‘ de la Ciudad de Buenos Aires, de donde se dieron a la fuga el pasado jueves, recordó la UIF.
Ante tales circunstancias, señaló el organismo, se dictó una resolución de congelamiento administrativo de bienes y dinero que pertenezcan a los prófugos, “con el objetivo de lograr la inmovilización financiera de los terroristas de Estado y facilitar, de esa forma, su inmediata detención”.
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