El Poder Ejecutivo promulgó la ley que ordena la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. "Con el fin exclusivo de facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a casos de violación", se señala.
La ley 26.879 de Delitos contra la Integridad Sexual y el decreto 996 que ordena su promulgación fueron publicados hoy en el Boletín Oficial. La misma fue sancionada por el Congreso el pasado 2 de julio. El crimen de la adolescente Ángeles Rawson reactivó el tratamiento de la ley que estuvo congelada por más de un año.
"El Registro almacenará y sistematizará la información genética asociada a una muestra o evidencia biológica que hubiere sido obtenida en el curso de una investigación criminal y de toda persona condenada con sentencia firme" por delitos vinculados a la integridad sexual. Se consignará: nombres y apellidos (en caso de poseerlos se consignarán los correspondientes apodos, seudónimos o sobrenombres); fotografía actualizada; fecha y lugar del nacimiento; nacionalidad; número de documento de identidad y autoridad que lo expidió; domicilio actual, para lo cual el condenado, una vez en libertad, deberá informar a la autoridad los cambios de domicilio que efectúe.
"La información genética registrada consistirá en el registro alfanumérico personal elaborado exclusivamente sobre la base de genotipos que segreguen independientemente, sean polimórficos en la población, carezcan de asociación directa en la expresión de genes y aporten sólo información identificatoria apta para ser sistematizada y codificada en una base de datos informatizada", explica el artículo 4°.
Al tratarse de datos de carácter reservado, la información incluida en el registro sólo podrá ser facilitada a pedido de un juez y fiscal en el caso de una investigación de este tipo de delito.
La Justicia rechazó los sobreseimientos y enviará a juicio al abogado, su entorno y dos hermanas del futbolista, acusados de maniobras para quedarse con activos en perjuicio de los herederos.