Luego de haber sido beneficiado ayer por la Cámara Federal, que le otorgó la execión de prisión cuando apeló el pedido de captura de un juez que lo investiga por malversación de fondos en Buenos Aires, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime realizó hoy una jugada similar en la ciudad de Córdoba, donde aún está vigente una segunda orden de captura.
Este mediodía, el abogado del ex funcionario en Córdoba, Marcelo Brito, presentó un escrito contra la decisión del fiscal Maximiliano Hairabedian, quien lo acusa de sustraer pruebas y pidió su detención temiendo que Jaime no se presentase al juicio oral que tiene fecha de inicio el próximo 30 de julio.
Brito había anticipado esta mañana que formalizaría ante el tribunal el pedido de eximición de prisión de su cliente, con lo cual caería la orden de detención por parte de las fuerzas de seguridad en el país y de Interpol a nivel internacional. La defensa sostiene que no hay porqué sospechar que Jaime no se presente el día del juicio.
Se espera que entre en las próximas 24 y 48 horas el Tribunal Oral Federal Nº 2 resuelva el pedido. "Los plazos son breves porque comprometen la libertad del imputado", dijo Hairabedian, según consignó Cadena 3.
Por recomendación de sus abogados en Buenos Aires, el ex funcionario nunca se entregó a la Justicia y estuvo prófugo durante seis días.
Hairabedian había pedido la detención de Jaime el lunes pasado, luego de conocerse la orden del juez Bonadio del viernes anterior. El magistrado lo acusa de malversación de fondos públicos. Así se juntaron las dos solicitudes de captura, pero la estrategia de la Justicia comenzó a desmorarse una vez que la Sala I de la Cámara Federal concediera ayer al ex funcionario la exención de prisión.
Hairabedian investiga a Jaime porque el ex funcionario habría intentado sustraer pruebas de uno de los procesos judiciales que afronta en la Capital Federal -en total está acusado en 20 causas distintas- durante un allanamiento en una vivienda de la ciudad de Villa Carlos Paz.
El fiscal señaló que Jaime "intentó ocultar una prueba que era importante para la causa: se la quiso meter en el pantalón y esto fue advertido por los policías del lugar". Agregó que "lo peor de todo vino después, porque la prueba que estaba secuestrada -unas tarjetas personales que lo vinculaban a una empresa- finalmente desapareció del sobre que la contenía". La pena máxima para el delito que se le imputa es de tres años de prisión..
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