El Ministerio de Salud de la Nación, en su primera reunión de la Comisión Nacional de Coordinación para el Control de Tabaco, habilitó ayer vías de comunicación para recibir denuncias por incumplimiento a la ley nacional que regula la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco.
Del encuentro participaron representantes de organismos públicos y de organizaciones de la sociedad civil que comenzaron a trabajar en la implementación de la Ley 26.687 de control de tabaco.
Las denuncias por incumplimiento de la norma, pueden realizarse telefónicamente a la línea gratuita 0800-999-3040, por correo electrónico escribiendo a controldetabaco@msal.gov.ar y a través del formulario que está disponible en la página web del Programa Nacional de Control de Tabaco: www.msal.gov.ar/tabaco.
"Comenzamos por los aspectos más generales, en el avance de la implementación de la ley, como el régimen regulatorio, el circuito de denuncias y el registro de infractores", explicó Sebastián Laspiur, director de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades no Transmisibles del Ministerio.
De la jornada participaron representantes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA); del Instituto Nacional del Cáncer (INC), y de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
En tanto, la sociedad civil estuvo representada por directivos de la Unión Antitabáquica Argentina, la Asociación Argentina de Tabacología y la Fundación Interamericana del Corazón.
La ley 26.687 contempla multas que van desde el monto equivalente al precio máximo de 250 a 1.000 atados de cigarrillos para quienes no respeten los ambientes libres de humo, y hasta 100.000 paquetes por infracciones relacionadas con la publicidad y el empaquetado.
La reincidencia en la infracción, aumentará el valor de las multas, la incautación de productos y hasta la clausura de locales.
Según estimaciones del Ministerio de Salud, la adecuada implementación de la ley podría evitar más de 10.000 muertes, 17.000 infartos y 5.000 accidentes cerebrovasculares (ACV) en los próximos 10 años.
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