Los Ciccone le reclaman a la Policía Federal una indemnización, desde diciembre de 2010, de $ 86,2 millones por los bienes y equipos de la compañía que la fuerza utilizó durante varios años para confeccionar los pasaportes y cédulas de identidad, para luego, de improviso, prescindir del servicio.
Al caerse el contrato, los Ciccone reclamaron por la vía administrativa, que incluyó una firma de la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré. Tras casi dos años, la Policía concluyó el 16 de agosto pasado que correspondía indemnizarlos con sólo 13.203 pesos.
El Gobierno prometió que la expropiación no le costará un centavo. Sin embargo, si la Justicia termina por convalidar el reclamo de los Ciccone y los habilita a defenderse, la cuenta del Tesoro sumaría un pasivo de decenas de millones de pesos.
Hasta ahora, eso sería evitable si prospera la compensación que decidió la AFIP, por $275 millones, con las deudas impositivas de la propia compañía.
Con el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, ya como interventor de la empresa, los Ciccone comenzaron a objetar la situación alrededor del contrato con la Policía, publica el diario La Nación. En particular, que la discusión por el monto del resarcimiento quedara en manos del Palacio de Hacienda, por un lado, y el Ministerio de Seguridad, por el otro. Es decir, que lo definieran funcionarios políticos del mismo Gobierno.
Este planteo es precisamente el que deberá dirimir el máximo tribunal y decidir si declara inconstitucional que funcionarios del Gobierno “se ubiquen de ambos lados del mostrador” por un contrato con la Policía.
Es decir, los Ciccone sostienen que no pueden defender su patrimonio, ya que el área del Gobierno a cargo de la intervención debería reclamarle a otra del mismo Ejecutivo que mejore el monto de poco más de 13 mil pesos ofrecido.
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