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Frente a la postura de este Colegio de Abogados de Santa Fe sobre la ley de reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación canalizada a través de la interposición de la acción de amparo en el Juzgado Federal de Santa Fe y ante el fallo de la CSJN que declaró la inconstitucionalidad de la ley, resulta necesario insistir en los cambios que, desde hace años, venimos demandando.

Nuestra posición sobre esta ley no implica carecer de una visión crítica del funcionamiento del Poder Judicial y demás aspectos vinculados a la Justicia, en especial sobre estos temas:

• La morosidad en la tramitación y resolución de las causas judiciales resulta intolerable.

• Es inadmisible que algunos magistrados y funcionarios del Poder Judicial dediquen parte sustancial de su tiempo a otras actividades, en detrimento del servicio de justicia. El rendimiento no resulta acorde a la responsabilidad institucional de la que están investidos.

• Ser miembro del Poder Judicial no puede constituir un privilegio que libere de las cargas que pesan sobre la población. No existe argumento que respalde la denominada “intangibilidad”. Los privilegios no pueden tener cabida en un Estado Democrático.

• La Corte Suprema de Justicia Provincial y la Nacional deben representar el último eslabón en la decisión de los casos; pero ésa es sólo una de sus funciones. La superintendencia de lo que acontece en los tribunales inferiores, auxiliada por los sistemas informáticos, debe servir para premiar a quienes trabajan y sancionar a quienes no lo hacen.

• Siendo determinante la presencia de la Justicia Federal a la hora de combatir el narcotráfico, resulta imprescindible conformar el mapa judicial de la Nación, llevando a los lugares donde los mercaderes de la droga tienen sus principales asientos el servicio de justicia para controlar y erradicar este flagelo.

• El Poder Judicial debe responder a las necesidades de la comunidad. La gran cantidad de vacantes que se verifican en nuestra provincia, sin conmover la irritante quietud de quienes tienen a su cargo la cobertura, resulta inaceptable.

• Debe existir en la Provincia de Santa Fe un Consejo de la Magistratura que implique una autolimitación a las facultades que la Constitución Provincial concede al Poder Ejecutivo.

• Se sigue manteniendo un perfil netamente academicista para los futuros Magistrados, cuando lo que la sociedad demanda es que se nombren jueces que, además de probos y capaces, se dediquen a la Justicia y no la tengan como actividad secundaria.

• Los enjuiciamientos a magistrados y funcionarios deben ser llevados con diligencia y responsabilidad, para poder liberar de sospechas a quienes injustamente han sido enjuiciados y separar del Poder Judicial a quienes no merecen integrarlo, pero en tiempo oportuno, pues la falta de resolución equivale en muchos casos a impunidad.

• La situación edilicia de la Justicia es precaria. Deberían destinarse fondos atribuidos a gastos burocráticos o de dudosa utilidad pública, a edificios acordes al Poder Judicial.

Estos son los desafíos de la justicia que deben resolverse de inmediato.
Muchas veces nos encontramos con posturas partidistas que deben deponerse para privilegiar verdaderas políticas de Estado, en las que debemos coincidir para mejorar el servicio de justicia y la calidad de vida de los argentinos, fortaleciendo así la democracia.