El ministro portugués de Finanzas, Vítor Gaspar, ha presentado su dimisión la tarde del lunes al presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva. Según el diario luso Público, le reemplaza la hasta ahora secretaria de Estado del Tesoro, María Luis Albuquerque. Gaspar había sido la mano derecha económica del primer ministro, el conservador Pedro Passos Coelho, y el principal defensor de las políticas de austeridad a ultranza impuestas por la troika formada por la UE, el FMI y el Banco Central Europeo.
En su carta de dimisión, publicada "en aras de la transparencia" por el Gobierno portugués, Gaspar ha indicado que ya había pedido renunciar al cargo en dos ocasiones: en octubre de 2012 y en abril de este año, cuando el Tribunal Constitucional tumbó una parte clave de los recortes al anular la supresión de las pagas extraordinarias para funcionarios y pensionistas. Según Gaspar, las dos sentencias del Constitucional en contra de los ajustes de su Ejecutivo, así como el incumplimiento de los objetivos de déficit por la reducción de la demanda interna "minaron mi credibilidad como ministro de Finanzas".
Según la carta, de tres páginas, enviada por Gaspar a Passos Coelho, el ya exministro ha esperado a la conclusión del último examen de la troika para solicitar su dimisión definitiva. El documento afirma que ante los "graves problemas" del paro (que ha llegado al 17,6% en mayo, según Eurostat), el "inevitable" ajuste económico necesita pasar a una nueva fase, "la fase del crecimiento". Esta evolución, según Gaspar, necesita "credibilidad y confianza", que "no me encuentro en condiciones de asegurar". Y concluye: "Es mi firme convicción que mi salida contribuirá a reforzar su liderazgo [el de Passos] y la cohesión del equipo de Gobierno"
Otro motivo puede haber forzado la salida de Gaspar. El pasado domingo, el ministerio de Finanzas emitió un comunicado reconociendo que, al contrario de lo que había afirmado anteriormente, sí había sido notificado por el anterior Gobierno socialista de que existían contratos de alto riesgo firmados por empresas públicas. Estos contratos, o swaps, altamente especulativos, habían producido pérdidas de entre 2.600 y 3.000 millones de euros: mucho dinero para un país que ha recibido un rescate de 78.000 millones de euros de la troika europea.
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