El centenar de empleados del Royal Bank of Canada, en Montevideo, todavía no pueden creer lo que vivieron hace quince días. “Todos contra la pared”, fue la orden que recibieron por parte de efectivos de la Guardia Republicana e Interpol y Narcóticos, que se presentaron con pasamontañas y ametralladoras para allanar la entidad, como si se tratara de un homicidio o de una operación de narcotráfico.
El procedimiento estuvo a cargo de la jueza Adriana De los Santos, en el marco de la investigación por evasión fiscal de jugadores de fútbol en Argentina que lleva adelante el juez Norberto Oyarbide, por el que ya fue procesado el futbolista Jonathan Botinelli por su pase a River.
A los empleados los dejaron incomunicados, al quitarles los celulares y secuestrar un centenar de computadoras, mientras cuatro funcionarios del juzgado de Oyarbide supervisaban cada detalle del operativo. “El procedimiento fue violento y totalmente exagerado, ya que secuestraron mucha más información de lo que pedían. Esto marca un antecedente peligroso de lo que se puede llegar a venir, al punto que los bancos y los clientes comenzaron a replantearse si les conviene seguir operando en Uruguay o mudarse hacia algún otro destino”, sostiene una fuente del sector.
El motivo de mayor preocupación es que se llevaron la información de todos los clientes de la institución, y existe un gran temor por el uso que la justicia argentina pueda hacer de esos datos. “Si la jueza entrega toda la información del allanamiento, daría el puntapié inicial para que magistrados de otros países accedan a esa base de datos, lo que no está habilitado en los tratados aprobados por el país. Además, esto implicaría un avasallamiento de la justicia, por lo que se pondría en riesgo el sistema financiero uruguayo”, se atemorizan en el ambiente.
La entidad, al igual que los demás especializados en banca privada, estaba en una zona franca, pero no manejaba tanto depósitos locales, sino en mayor medida cuentas que los clientes tenían en Suiza, los Estados Unidos y distintos puntos de Europa. “Dejando de lado las particularidades de este caso, está claro que todo se encamina hacia un mundo fiscalmente transparente, con intercambios automáticos de información entre todos países.
Quien no tenga presente esta realidad y actúe en consecuencia, lamentablemente tendrá grandes dolores de cabeza en el futuro inmediato”, advierte Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI.
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Las empresas de asesoramiento financiero que están establecidas en las zonas francas de Uruguay gozan de exenciones fiscales, particularmente en el pago de todos los impuestos federales. Pero por otro lado tienen prohibido la atención a residentes uruguayos, con el riesgo de perder la autorización para operar y la exención fiscal. Si desean hacerlo tienen que estar establecidas en territorio. Hay varios antecedentes de incumplimiento que generaron multas y ajustes fiscales muy importantes”, alerta Sardáns.
El cuerpo de delegados del gremio expuso una situación delicada que afecta a trabajadores del club.