En una resolución dictada por la Sala I, integrada para este caso por conjueces de la Cámara del Crimen, Jorge Rimondi, Gustavo Bruzzone y Carlos González, se encomendó al juez federal Ariel Lijo investigar la "existencia de una imputación concreta hacia la persona de Carlos Vladimiro Corach, que no ha sido tratada hasta el presente" en alusión a las causas penales ya elevadas a juicio oral por el pago ilegal de 400 mil dólares al acusado Telleldín y por el desvío de la llamada "pista siria".
Corach no figura entre los procesados por ninguna de las dos causas, aunque sí deberán enfrentar juicio en fecha sin definir aún ante el Tribunal Oral Federal 2 el expresidente Carlos Menem, el extitular de la SIDE Jorge Anzorreguy, el exjuez del caso Juan José Galeano y el extitular de la DAIA Rubén Beraja, entre otros.
Además, los camaristas revocaron los sobreseimientos de secretarios judiciales y exjefes policiales bonaerenses que trabajaron junto al destituido exjuez federal Juan José Galeano en la investigación del atentado del 18 de julio de 1994, informaron a Télam fuentes judiciales.
Entre los hechos cuestionados está la destrucción de videos que registraron conversaciones del entonces juez Galeano con el detenido Telleldín, en las cuales se pactó el pago secreto de 400 mil dólares a cambio de una declaración indagatoria donde se nombrara a policías bonaerenses en relación al ataque terrorista que causó 85 muertos.
Estos videos, según la causa, fueron tomados en el despacho de Galeano con una cámara oculta detrás de un biombo y estuvieron en el juzgado, hasta que luego de hacerse pública su existencia el entonces secretario del juez y actual abogado particular Carlos Velazco los sacó y los destruyó en su casa particular.
La Cámara ordenó volver a evaluar y dictar una nueva resolución sobre secretarios de Galeano en la época, entre ellos Velasco, Susana Spina, Javier de Gamas y José Pereyra.
En idéntica situación quedaron los por entonces policías que fueron parte de la pesquisa como Luis Vicat, el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, comisario general Armando Calabró.
También abarcó al entonces abogado y actual titular de la Cámara de Casación Penal bonaerense Federico Domínguez, quien patrocinó a uno de los ex policías bonaerenses acusados del atentado, Bautista Huici, y en ese rol habría sugerido a su defendido admitir haber visto la camioneta Trafic supuestamente usada en el ataque como cochebomba estacionada en una comisaría bonaerense, como un intento de "plantar" una prueba falsa.
Los camaristas instaron a Lijo a volver a dictar una resolución sobre todos los imputados con "una mirada global de sus actuaciones" para determinar si hubo como fin último el de "obstaculizar el accionar de la Justicia en su camino hacia la averiguación de la verdad".
Además de la destrucción de los videos, se investiga si hubo coacción sobre sospechosos para que involucren a los policías bonaerenses que fueron absueltos en un juicio oral en 2003.
El cuerpo de delegados del gremio expuso una situación delicada que afecta a trabajadores del club.