Inmediatamente después de saber que el juez Ariel Lijo iba a ordenar un peritaje sobre sus bienes, el vicepresidente Amado Boudou pidió que acotaran el tiempo en el que se iba a investigar no sólo su crecimiento patrimonial sino también el de su entorno familiar y de negocios.
Boudou le solicitó a Lijo que restrinja el análisis del crecimiento patrimonial y que comience su análisis en 2008, cuando llegó a ocupar la titularidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social. En cambio el juez había determinado que los bienes de Boudou y de sus testaferros deben ser analizados desde 1997, cuando ingresó en un cargo menor en el organismo que se encarga de las jubilaciones. Boudou, por su parte, quiere que sean sometidas al estudio de los peritos sólo la etapa en la que estuvo al frente de Anses y luego fue ministro de Economía para terminar como vicepresidente. Entre 1997 y 2008 ocupó otros cargos públicos estatales y municipales en el Partido de la Costa.
El llamado que hizo Lijo para ordenar el peritaje obligó a varios de los imputados en la causa por enriquecimiento ilícito de Boudou a designar abogados. Varios de ellos eligieron al mismo estudio que defienda al vicepresidente: el encabezado por el ex número dos de la SIDE durante la Alianza Darío Ricahrte. Diego Pirota, a cargo de la defensa del vice, fue quien presentó el recurso para que se achique el período de tiempo del estudio de los bienes.
A partir de la imputación hecha por el fiscal Jorge di Lello, la investigación sobre Boudou también abarcará a los padres del vice, Amado Rubén y Azul Sapin Costa Álvarez, y Juan Bautista, uno de sus hermanos. Se tiene que determinar si pueden justificar sus gastos y adquisiciones realizados mientras el vice crecía en el kirchnerismo.
Agustina Kampfer, novia del vicepresidente, también será investigada. Lo mismo se hará con uno de los sospechados por la Justicia de haber recibido beneficios económicos a partir de los cargos públicos de Boudou: José María Núñez Carmona, empresario, amigo, socio y testigo de casamiento del vice.
También entre las “personas interpuestas” (así se llama técnicamente a los testaferros) aparece Alejandro Vandenbroele, el ex monotributista que presidió la sociedad The Old Fund, que se quedó con la imprenta Ciccone Calcográfica. Boudou tiene abierto otro expediente en la Justicia donde se investiga si intercedió –cuando era ministro de Economía- para que la AFIP le diera a The Old Fund un plan de pagos ventajoso para levantar la deuda fiscal de Ciccone.
En el peritaje están incluidos también socios de las empresas vinculadas a Boudou: Juan Carlos “Sordo” López, Sandra Viviana Rizzo y Pablo Pellet Lastra. Los últimos dos integrantes de la lista de investigados son Fabián Carosso Donatiello y su padre Hugo Nicolás Carosso, dirigente del radicalismo santafesino. Fabián Carosso Donatiello es teóricamente quien alquilaba el departamento propiedad del vicepresidente en Puerto Madero donde residió Vandenbroele. Tanto Boudou como Vandenbroele niegan conocerse.
Lijo tiene que decidir si hace lugar al pedido de Boudou para achicar el período investigado. Si Lijo reafirmara lo establecido cuando dio inicio al peritaje, Boudou apelará y será la Cámara Federal la que decida quién tiene razón. Si Boudou, que quiere que el peritaje sea solo de los últimos cinco años, o el juez, quien sostiene que el vicepresidente debe dar explicaciones más amplias sobre el modo que hizo su fortuna.
El Gran Premio Coronación se disputará del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Ciudad de Rafaela. La categoría volverá al trazado santafesino después de 11 años y utilizará la variante más extensa, con el tradicional óvalo y tres chicanas.