A partir de una investigación conjunta de más de dos años, la AFIP logró rescatar -hasta las 16 de hoy- a 202 colombianos que trabajaban en condiciones infrahumanas y que fueron ingresados al país ilegalmente por una red internacional de trabajo esclavo. En total, se llevaron a cabo 72 allanamientos en 10 provincias y quedaron detenidos 23 ciudadanos de esa nacionalidad y a otros dos se les dictó la captura internacional.
Durante los procedimientos se pudo constatar la extrema precariedad en donde trabajaban y vivían estos trabajadores que, en el 100% de los casos relevados, estaban sin declarar ante la AFIP. “Al no registrar a estos empleados no sólo se está evadiendo las cargas sociales al fisco, sino que también están condenando a estas personas a no tener un trabajo digno, cobertura médica y acceso a una futura jubilación”, destacó el director general de los Recursos de la Seguridad Social, Carlos Sánchez, que participó de los allanamientos.
También intervino de los operativos la directora general de Aduanas, Siomara Ayerán, quien informó que producto de los procedimientos se logró la detención de 14 colombianos que son sospechados de actuar como reclutadores de sus compatriotas. Asimismo, confirmó la detención del cabecilla de la organización delictiva denominado el “contador”, cuya función era recolectar las “ganancias” que dejaba la actividad clandestina por las 10 provincias.
"Estamos ante una organización ilícita con un fuerte sustento territorial que funciona claramente bajo una estructura piramidal", aseguró Sánchez y explicó que se desarticuló a la banda antes de que continúe con su armado evitando así el asentamiento en el país de delitos de evasión fiscal y otros, aún más complejos que los constatados hasta el momento.
"Estamos ante un caso de trabajo esclavo, pero desde la concepción moderna del término", aseguró Sánchez al tiempo que aclaró que "no están encadenados", pero si son sometidos y reducidos psicológicamente para que se integren en la organización para la realización de trabajos menores y en condiciones infrahumanas.
Por su parte, Ayerán agregó que constan más de 3.000 ingresos de colombianos en situaciones similares y que ya se iniciaron contactos con otros países porque se sospecha que la organización también tiene células con una infraestructura similar en Chile, Brasil y Ecuador.
Asimismo, la directora de la Aduana comentó que el puntapié inicial de la investigación comenzó con el relato en primera persona de una de las victimas a un funcionario aduanero".
Finalmente, el director de Seguridad Social destacó la coordinación entre los distintos organismos del Estado para poder realizar un procedimiento simultáneo tan complejo y agregó que en lo que va del año ya efectuaron 583 operativos similares, se denunciaron a 154 empleadores y se relevó la situación de 7.137 personas, de las cuales 3.619 no estaban declaradas y 520 entre indocumentados y niños.
La investigación
La red internacional estaba encabezada por dos ciudadanos colombianos que reclutaban a sus compatriotas y los traían al país aparentemente engañados. Los extranjeros llegaban a la Argentina con la “deuda” del pasaje en sus espaldas y eran derivados a distintas provincias a realizar diferentes trabajos.
Las investigaciones pudieron determinar que María Abelida Heano importaba desde Ecuador cintas plásticas para la confección de los canastos. Luego las distribuía desde Mendoza hacia diversos talleres ubicados en el país, donde se verificó una gran cantidad de jóvenes colombianos que cumplían sus tareas en condiciones muy precarias.
La pesquisa se originó a partir del ingreso de jóvenes colombianos que arribaban al Aeropuerto Internacional Córdoba sin equipaje, sin dinero, y cuyo destino eran domicilios comunes.
Ante la sospecha de los organismos de control se iniciaron actuaciones judiciales ante la Fiscalía Federal Nro. 1 de la Ciudad de Córdoba, a cargo del Dr. Enrique Senestrari, quien de inmediato conformó un grupo multidisciplinario especial de trabajo integrado por AFIP, migraciones y acompañados por fuerzas de seguridad, a efectos de avanzar en la investigación de hechos irregulares.
El Artículo 2º de la Ley 26364 establece que constituye trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, previéndose sanciones de 4 a 15 años de prisión.
Las víctimas fueron asistidas por personal de de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas damnificadas por el delito de trata, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación.
En una noche cargada de tensión y sin precedentes, Santiago del Moro anunció cambios drásticos en el juego. Sol abandonó la casa por decisión de la producción, mientras que la venezolana reingresó de inmediato para sorpresa de sus compañeros.