La Argentina sufrió un nuevo revés en la batalla contra los tenedores de bonos en default que no entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010. Mientras el gobierno de Cristina Kirchner aguarda la sentencia de la Corte de Apelaciones de Nueva York por unos u$s 1.330 millones que adeuda a una parte de estos acreedores (en concreto, a fondos buitre), esta vez el obstáculo surgió en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). El organismo que depende del Banco Mundial aceptó una nueva demanda de un grupo de bonistas italianos que reclaman al país por títulos impagos. Este caso, que se inició en 26 de junio de 2008, fue admitido el 8 de febrero (con un voto disidente entre los árbitros) pero recién este martes el tribunal publicó la admisión en su sitio web.
Los encargados del juicio resolvieron darle curso al proceso, basándose en un fallo anterior –conocido como “Abaclat y otros”– que sentó un precedente sobre litigios por el default argentino en esta Corte. En agosto de 2011, el CIADI se declaró competente en un pleito que habían presentado más de 60.000 ahorristas italianos contra el Estado nacional por cerca de u$s 1.500 millones. Al igual que en el reciente reclamo admitido, en esa oportunidad los demandantes alegaron que los bonos argentinos en manos de tenedores italianos eran inversiones protegidas en el marco del Convenio del CIADI y del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Argentina e Italia, firmado en los años ‘90.
Pero en ambos recursos judiciales, la Argentina presentó objeciones. Entre otras cosas, alegó que la diferencia por la que reclamaban los holdouts no surgía directamente de una inversión (requisito para que el CIADI pueda entender en un caso, conforme al Artículo 25 de su propio Convenio), ni era una inversión “en el territorio” argentino, y, por tanto, no estaba protegida en el marco del tratado entre ambos países.
Utilizando las mismas conclusiones del fallo “insignia”, la corte volvió a desestimar el argumento de que una compra de bonos no podía ser considerada protegida por el TBI. Los jueces también relativizaron, en la misma línea, el alegato de “territorialidad”, al considerar que si bien los títulos fueron adquiridos en el mercado secundario, su emisión global se tradujo en un beneficio directo para el Estado argentino.
En sus decisiones, el tribunal que encabezó Bruno Simma (un jurista alemán que hasta 2012 actuó en la Corte Internacional de Justicia que funcionan en La Haya), tampoco convalidó el planteo argentino de que la demanda internacional debía respetar el plazo de 18 meses a la espera de una resolución de la justicia local. En ese sentido, consideró que un fallo de la Corte Suprema argentina que convalidó la reestructuración de deuda de 2005 anticipaba la imposibilidad de que los demandantes tuvieran una respuesta a su reclamo.
Desde el 2006 que el CIADI se convirtió en una alternativa judicial para algunos bonistas que no entraron al canje y que encuentran, de esta manera, una vía adicional para demandar al país para lograr un reembolso total en su lucha por la cesación de pagos. Si bien una sentencia definitiva sobre ambos casos llevará su tiempo (incluso años), un fallo en contra del país implicaría pagos por cerca de u$s 2.000 millones.
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