El senador oficialista Aníbal Fernández cuestionó hoy la decisión de la jueza María Servini de Cubría de declarar inconstitucional la elección popular de integrantes del Consejo de la Magistratura y se quejó de que los magistrados pretenden "gobernar".
"Creen que tienen facultad para ponerse por encima de los otros poderes", remarcó Fernández, al apuntar contra la decisión de Servini de Cubría.
El legislador señaló que el fallo "salió con una celeridad fenomenal" y apuntó contra una "pretendida vocación de los jueces de gobernar" que da, según dijo, "escasa garantía jurídica".
"Pretender el gobierno de los jueces menoscabando y llevando a la mínima expresión las decisiones democráticas", señaló Fernández.
En declaraciones a la radio La Red, aclaró que la decisión de Servini de Cubría "no inhibe al resto de las causas" que se siguen tramitando sobre la cuestión del Consejo de la Magistratura en distintos puntos del país.
Fernández defendió la ley que determina la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura y señaló que "a los jueces" que integran el cuerpo "los elegían entre 300 personas y a los abogados entre 5.000".
"Que sea específicamente la voluntad popular, que es la dueña del poder político, quien decida los pasos a seguir", subrayó.
Sobre el fallo de Servini de Cubría consideró: "que la voluntad popular sea lo malo de esta decisión me parece una barbaridad". Y se preguntó "por qué su visión tan negra de la participación de los partidos políticos".
Ayer, la jueza federal con competencia electoral Servini de Cubría suspendió la elección popular de representantes del Consejo de la Magistratura y declaró inconstitucional la ley que introdujo las reformas en ese organismo encargado de remover y promover jueces.
A última hora del día, poco después de las 22:00, Servini de Cubría firmó una resolución que supera las 30 carillas y en la cual resolvió "el fondo de la cuestión", por lo que ahora el Gobierno nacional podrían interponer un "per saltum" para llegar a la Corte Suprema de Justicia.
La magistrada suspendió la elección popular de los representantes del Consejo, una de las reformas sumada a aquella que incrementó el número de miembros de 13 a 19.
La jueza, en una decisión de la que se venía hablando, y mencionando como probable en los últimos días, declaró la inconstitucional de los artículos 2, 4, 18, y 30 de la ley 26.855, la cual introdujo reformas en el organismo.
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