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El festejo que días atrás manifestaron los directivos de YPF después de que la Corte Suprema le despejara a la petrolera estatal el principal acuerdo de inversión que tiene firmado para desarrollar el yacimiento de Vaca Muerta, podría verse empañado en los próximos días. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversión (Ciadi) decidió dar curso al proceso de arbitraje en la demanda iniciada por Repsol a partir de la expropiación de la compañía que el gobierno de Cristina Kirchner llevó a cabo hace más de un año.

El órgano que depende del Banco Mundial está listo para oficializar la conformación del tribunal que deberá resolver el litigio.

El caso estará a cargo de un reconocido abogado mexicano que ya ha intervenido en otros pleitos internacionales. Así lo consignó el diario español El Economista, en el que se apunta que el ente internacional nombró como presidente del tribunal arbitral a Claus Von Wobeser, quien será la persona que tendrá la última palabra en el juicio, en el que los españoles reclaman más de u$s 13.000 millones a la Argentina. Junto Von Wobeser, cita el diario, estarán en el tribunal arbitral el chileno Francisco Orrego, a propuesta de Repsol, y la francesa Brigitte Stern, en representación de YPF.

Wobeser es socio fundador del despacho que lleva su nombre y cuenta con más de 40 años de experiencia asesorando a algunas de las 500 empresas más grandes del mundo, así como a entidades gubernamentales. El abogado tiene una amplia experiencia en controversias internacionales de inversión o comerciales en las que ha participado en más de un centenar y ha ejercido como presidente en al menos 15 de estos litigios, algunos de ellos todavía abiertos. Su trabajo más reciente incluye la asesoría a Anheuser Busch Inbev en su reciente adquisición de Grupo Modelo y a The Coca Cola Company en varias de sus transacciones clave de fusiones y adquisiciones.

En la demanda, la petrolera conducida por Antonio Brufau, acusa a la Argentina por expropiación ilícita y una violación del Tratado y el Derecho internacional porque se trata de “una acción discriminatoria que afecta únicamente a Repsol; no se ha acreditado la existencia de una causa de utilidad pública; no se han respetado las disposiciones legales para llevar a cabo la expropiación puesto que el Gobierno argentino tomó el control de YPF e YPF Gas sin realizar pago u ofrecimiento de pago alguno, situación que continúa en la actualidad y Argentina ha incumplido sus obligaciones de protección y justo trato a la inversión extranjera”.
Al mismo tiempo, se alega que la administración kirchnerista ha incumplido la obligación que tenía contraída con arreglo al Estatuto de YPF (aprobado en 1993 por el propio Gobierno), de formular una oferta pública de adquisición en el caso de que retomase el control de la compañía, como ha hecho, vulnerando así el derecho de los accionistas minoritarios de YPF.