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La docena de fallos contrarios a la reforma en el Consejo de la Magistratura, tanto de jueces contenciosos como de colegas del interior podría extenderse esta semana si así lo determina la jueza electoral María Servini de Cubría, quien al regreso de una breve licencia deberá decidir sobre los siete amparos que residen en su juzgado. A cada movimiento de la magistrada estarán atentos el Gobierno, la oposición y especialmente la Corte Suprema, que considera trascendente su punto de vista sobre la inclusión de consejeros en las elecciones primarias legislativas del 11 de agosto.

En un juego en el que los tiempos son manejados con extrema prudencia por todos sus actores, Servini no es la excepción. Si bien la jueza puede resolver de inmediato sobre los amparos, existe la posibilidad de que solicite a la Procuración General, a cargo de Alejandra Gils Carbó, que designe un fiscal con competencia electoral para que opine sobre el tema, luego de que Jorge Di Lello se excusara de intervenir por ser parte de la Asociación de Magistrados –una de las demandantes– y de que Carlos Rívolo se abriera del asunto por considerar que no es de su competencia.

Atentos a esos movimientos se encuentran el Gobierno, que pretende estirar los plazos judiciales el mayor tiempo posible, y la Corte Suprema que, contrariamente y tal como lo aseguró su presidente Ricardo Lorenzetti, busca resolver la cuestión “Magistratura” antes del sábado 22, cuando se oficialicen las listas de precandidatos para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En medio de las especulaciones respecto a los procedimientos judiciales, trascendió la chance de que las PASO podrían ser suspendidas. Fuentes del sector difieren sobre qué parte se vería favorecida si ese escenario prospera. “Ojalá se suspendan, sería un golpe duro para el Gobierno y una confirmación de que estas leyes son inconstitucionales”, comentan desde la oposición. No obstante, distintas voces reacias a los propósitos del oficialismo asumen que cancelar las Primarias podría ir en contra de los principios democráticos y que el arco opositor debe enfrentar al kirchnerismo “en la cancha”.

En tanto, en el Gobierno saben que, de continuar los reveses en la Justicia, hay que asegurarse “no perder por goleada”. Conscientes de que las elecciones de consejeros son difíciles de llevar a cabo, creen que hay que defender las PASO a como dé lugar. Sostienen que hay que cuidar el 35% de votos que le atribuyen de piso a la Presidenta y que para ello las Primarias son vitales, ya que los votos opositores estarán diseminados. Por el contrario, reconocen que ir a las Generales del 27 de octubre sin el antecedente positivo de las PASO y con la oposición alineada, podría representar un traspié electoral similar al de 2009.

En el ámbito judicial, mientras, confirman una ruptura entre el fuero Contencioso Administrativo Federal y el Gobierno, de buena relación hasta que el mes pasado la Cámara revocó las multas que la Secretaría de Comercio Interior le había impuesto a las consultoras privadas por hacer públicos índices de inflación propios. Muchos de los demandantes que la semana pasada tuvieron éxito en los amparos presentados admiten, en voz baja, que tras el “triunfo” en primera instancia consultaron en la Cámara del fuero sobre la viabilidad de un fallo favorable o si se iba a rever la decisión sobre la constitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura. Como respuesta habrían recibido un gesto afirmativo y la recomendación de que no iba a hacer falta solicitar un per saltum a la Corte.

El recurso de salto de instancia, así, podría ser usado por el oficialismo, que lo impulsó el año pasado. Si bien es idea del Gobierno agotar las instancias judiciales para seguir atrasando el reloj –o sea apelar a la Cámara–, la chance de pedirle al Tribunal que se exprese es tomada en cuenta, aun cuando saben que el paquete de reformas que el Ejecutivo ideó para “democratizar” la Justicia, especialmente la que postula el voto popular de los jueces, no cuenta con la aceptación de la mayoría de los ministros de la Corte.