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Un tribunal de Mayor Riesgo ordenó este jueves la anulación del juicio por genocidio y delitos de lesa humanidad en contra del exdictador Efraín Ríos Montt, y el también general José Mauricio Rodríguez, quien fuera el jefe de inteligencia militar (G-2) durante el mandato de Ríos entre 1982 y 1983. El tribunal ha pedido también que se reinicie el proceso.

La decisión, tomada por la juez Carol Patricia Flores, causó un profundo malestar entre la Fiscalía y los abogados de la acusación particular, quienes calificaron la decisión como “un agravio para las víctimas” y pidieron a Flores “revisar la resolución”, que constituye una victoria para los defensores, que, a lo largo del proceso, habían sido totalmente desbordados por la contundencia de los testigos y los peritos propuestos por la Fiscalía.

Horas antes, los defensores de ambos militares abandonaron abruptamente la sala de debates argumentando “resistencia pacífica” ante lo que consideraban “un juicio ilegal”.

La Fiscalía y la acusación particular señalaron el incidente como una argucia más de la defensa para suspender el debate, y pidieron a la juez, Jazmín Barrios, que se nombrara abogados de oficio a los imputados. En ese momento, Barrios resolvió posponer el debate para este viernes y dar, de esa forma, un lapso a Ríos y Rodríguez para convencer a los letrados que retomen la defensa. “Es importante, por el debido proceso y su seguridad (jurídica) que disponga de un tiempo para convencerlos de volver a la sala”, dijo Barrios a Ríos Montt, después de que éste fracasara en su intento de comunicarse con los letrados, “porque abandonaron la sala y apagaron sus teléfonos móviles”, según expresó el viejo general. Cuatro horas más tarde, lo anterior es historia.

De alguna manera, lo ocurrido era previsible. Cuando la presentación de pruebas y los testimonios habían desbordado totalmente a la defensa, los más conspicuos representantes de la ultraconservadora sociedad guatemalteca, que “empezaron a oír pisadas de animal grande”, cerraron filas en torno a Ríos Montt, temerosos de que, tras la inminente sentencia, pudiera verse salpicados y obligados a responder por crímenes de guerra.

Esto fue particularmente notorio después de que uno de los testigos, un antiguo soldado destinado al cuerpo de ingenieros, identificara al actual presidente, Otto Pérez Molina, como uno de los oficiales responsables de ordenar masacres contra la población civil.

La presión mediática no se hizo esperar. Organizaciones como la ultraconservadora Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) rompió lanzas en defensa de Ríos, “cuyo único delito fue defender a Guatemala de la agresión comunista”, mientras otros grupos afines elevaban ante la Corte Suprema de Justicia un documento respaldado por 10.200 firmas, donde se denuncia a la comunidad internacional de ejercer una influencia “negativa” en el veredicto del tribunal. “Cuando el embajador de Estados Unidos asiste al juicio, ejerce una fuerte presión sobre el tribunal”, dijo al matutino local elPeriódico Marco Antonio Cornejo, de la Asociación de Familiares y Amigos de Militares.

Conforme se aproximaba el fin de proceso, esta presión se había extendido, al grado que conspicuos representantes de la derecha empresarial firmaron un texto titulado “Traicionar la paz y dividir a Guatemala” que pagaron por publicar en los principales diarios del país. Ahí señalan que este juicio “divide innecesariamente” a Guatemala y en el que llegaban a advertir que una eventual condena a Ríos Montt podría devolver al país a la época de la violencia política. “Esta acusación de genocidio (…) implica –de consumarse–, el peligro inminente de que la violencia política reaparezca, traicionándose con esto el objetivo y la conquista de la paz”, se lee en el comunicado.

Como fruto de todo esto, el juicio ha sido suspendido. Falta ver si la nueva jueza, Carol Patricia Flores, puede resistir la inmensa presión de una y otra partes, y conducir el proceso dentro de los parámetros de la justicia.