Lt 10

 El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dictó la conciliación obligatoria ante la suspensión del proyecto Potasio Río Colorado en Mendoza. Además, afirmó que "la empresa Vale no respeta la responsabilidad social", luego de que la minera brasileña no presentó en la reunión convocada para esta tarde en la cartera laboral para analizar la situación.

"Ante esta actitud de la empresa y sin perjuicio de seguir apelando al diálogo, se ha tomado una decisión en defensa del trabajo y de los trabajadores: Este Ministerio ha dictado la conciliación obligatoria. Esto significa que no se podrá producir a partir de este momento ningún despido", dijo Tomada durante una conferencia de prensa en la sede de la cartera a su cargo.

Esto quiere decir que la empresa no podrá producir ningún despido y los realizados deberán retrotraerse, de acuerdo a las afirmaciones del funcionario. Incluso se amplía la conciliación a las firmas contratistas y subcontratistas, que deberán seguir abonando los salarios de toda su plantilla hasta el 11 de abril.

"Cada contratista tiene el derecho a reclamarle a Vale cualquier compensación por los perjuicios que le ocasione esto", afirmó Tomada. Para los casos en que se incumpla la conciliación dictada, Trabajo adelantó que les impondrá multas monetarias a las compañías en proporción de la cantidad de trabajadores que cada una de ellas tenga.

El ministro de Trabajo, Julio De Vido, acotó que "al suspender unilateralmente la actividad en el yacimiento, la empresa viola el contrato de concesión y las leyes laborales". Esto es así porque los derechos de concesión han sido cedidos temporalmente a Vale, pero le corresponde la propiedad a la provincia mendocina.

Debido a la magnitud del megaproyecto de la firma brasileña, también se invocaron a otros representantes provinciales a la reunión. Involucradas "hay un montón de inversiones, como el ramal ferroviario y el puerto de salida del material, por lo que está un representante de Neuquen y Río Negro en esta reunión", además de uno por Bahía Blanca, distritos que tienen derecho de paso y embarque, apuntó.

"Hay un incumplimiento generalizado que la empresa tiene con todas las provincias. Y hay un incumplimiento con la ley de inversiones mineras, que tiene importantes ventajas impositivas que la empresa automáticamente va a perder", remarcó el funcionario. Incluso esbozó que es posible que el Gobierno le reclame a Vale por las ventajas ya otorgadas.

El inconveniente surgió cuando la empresa solicitó otra serie de ventajas comparativas de tipo impositivas que hubieran significado unan erogación para el Estado de u$s 3.000 millones, según comentó De Vido. Una magnitud similar ha sido la pérdida que tuvo Vale en el mundo el año pasado. "No estábamos dispuestos a financiar el déficit de la empresa además de las muy importantes ventajas que propone la ley de inversiones mineras", tachó.

En línea con los pasos a seguir, el titular de la cartera de infraestructura afirmó que "para que haya expropiación, tiene que haber propiedad. La propiedad de los recursos mineros es de Mendoza, que le cedió a Vale los derechos de explotación siempre y cuando ponga en valor la mina". Luego intentó apaciguar: "Bajo ninguna manera los gobiernos tienen intención de suspender el desarrollo de las minas de potasio en la Argentina".

El gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, agregó que la audiencia que estaba programada para el viernes había sido solicitada por el mismo presidente de Vale, cuya ausencia generó esta decisión del Gobierno nacional.