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Xi Jinping ha culminado su ascenso a la cumbre. El líder chino, que ocupó en noviembre pasado la secretaría general del Partido Comunista Chino (PCCh) y la presidencia de la Comisión Militar Central —los dos cargos de verdadero poder en el país—, ha sido nombrado este jueves presidente del país. Se hace así con el tercero de los títulos que tenía su predecesor, Hu Jintao, con lo que se cierra la transición de poder a la quinta generación de dirigentes, tras las de Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin y el propio Hu.

La designación de Xi como presidente —con 2.952 votos a favor y uno en contra— se ha producido en el marco de la sesión anual del Parlamento en el Gran Palacio del Pueblo, en Pekín, en la que se prevé que mañana viernes el viceprimer ministro Li Keqiang ascienda a la jefatura de Gobierno, en sustitución de Wen Jiabao.

La secretaría del PCCh es la fuente real de poder en China, pero el puesto de presidente incrementará el papel y la proyección internacional de Xi, ya que al igual que Hu y Jiang no solo es el jefe del partido sino también el jefe de Estado.

El nombramiento de Xi como presidente —oficialmente por cinco años, aunque, salvo grandes sorpresas, mantendrá el cargo 10 años— estaba sellado desde que llegó a la cúpula del PCCh en el congreso del partido en noviembre pasado. En los meses transcurridos, el mandatario se ha comprometido a conservar el gobierno único comunista, mejorar la vida de la población, implementar ambiciosas reformas económicas y poner freno a la corrupción, una lacra que se ha convertido en una de las principales fuentes de malestar social y en un peligro para la supervivencia del PCCh, según han reconocido sus dirigentes. Desde que Xi tomó el poder, han salido a la luz una ristra de casos de corrupción de funcionarios de nivel medio y bajo, que han sido aireados con profusión por los medios de comunicación estatales.

El nuevo presidente ha asegurado que no solo irá a por “las moscas” sino también a por “los tigres” de alto rango, una declaración que ha sido recibida con escepticismo por un sector de la población, que considera que un puesto de poder en China es sinónimo de corrupción. La agencia estadounidense Bloomberg publicó el año pasado que la familia de Xi había acumulado cientos de millones de dólares en activos, lo que plantea dudas sobre su capacidad para llevar a cabo reformas que puedan amenazar sus intereses empresariales. El informe no mencionaba ningún delito por parte de Xi Jinping.

La corrupción está arraigada en muchos ámbitos de la sociedad china, y existe una resistencia a la puesta en marcha de medidas contra la corrupción entre quienes se han beneficiado de sus conexiones políticas para enriquecerse.

El ascenso de Xi marca la segunda transferencia de poder pacífica, tras la de Hu, en las más de seis décadas de gobierno comunista. Este jueves, ha sido nombrado también el vicepresidente chino: Li Yuanchao, un reformista liberal y aliado del ya expresidente Hu Jintao. Su designación rompe con la tradición de los últimos años, porque Li no forma parte del Comité Permanente del Politburó, el órgano de máximo poder del país, compuesto por siete miembros, aunque sí está en el Politburó.

Xi se hace con las riendas del país poblado y segunda economía del mundo en un momento especialmente delicado: cuando el modelo de desarrollo que ha permitido sacar a cientos de millones de personas de la pobreza está agotado, las desigualdades sociales han alcanzado un nivel peligroso, la degradación ambiental es fuente creciente de protestas, y la población, cada vez más informada y conectada, reclama mayores derechos sociales y políticos.
Xi Jinping, un ingeniero químico de 59 años y poseedor de un doctorado en teoría marxista, es hijo de Xi Zhongxun, uno de los grandes revolucionarios chinos. Considerado un reformista cauto, forma parte de la generación de los ‘príncipes’, término con el que son conocidos los descendientes de los altos líderes y exlíderes del PCCh.

Los diputados han aprobado también el plan de reestructuración gubernamental anunciado el domingo pasado, con el que el nuevo Gobierno quiere mejorar la eficiencia y luchar contra la corrupción. El plan implica la reducción del número de ministerios y agencias de nivel similar de 27 a 25 y la supresión del poderoso Ministerio de Ferrocarriles.