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De nada han servido los llamamientos de clemencia de familiares, amigos y activistas de los derechos humanos. Poco después de las nueve de la mañana (dos horas menos en la España peninsular), los siete jóvenes condenados por un atraco cometido cuando varios de ellos eran menores han sido ejecutados en Arabia Saudí por un pelotón de fusilamiento. Finalmente, las autoridades no han llevado a cabo la anunciada crucifixión del supuesto cabecilla del grupo, Sarhan al Mashayekh, “para no empeorar su imagen internacional”, según el opositor Ali al Ahmed. El caso ha despertado las críticas de Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) que han denunciado la falta de garantías procesales durante el juicio.

Las familias de los ejecutados se han sentido traicionadas por las autoridades saudíes que hace tan solo una semana les dieron a entender que iba a revisarse la sentencia. Sin embargo, desde ayer por la tarde, cuando vieron levantar los siete montículos de arena en la plaza del mercado de Abha, supieron que el ajusticiamiento era inminente. Abha es la capital de la provincia de Asir, en el suroeste de Arabia Saudí, de donde eran originarios los siete reos y una de las zonas más pobres del país.

“He estado tratando de hablar con ellos toda la noche, pero la han pasado rezando”, relata Al Ahmed, visiblemente afectado. “Finalmente, Saeed [al Shahrani] me llamó momentos antes de que le quitaran el teléfono para agradecerme lo que hemos hecho. Le pedí que me perdonara por no haber podido hacer más”, añade.

Al Ahmed, director del Institute for Gulf Affairs en Washington, fue uno de los activistas que hace diez días sacó a la luz el caso de los siete jóvenes. Entonces, la movilización internacional y el hecho de que la ejecución coincidiera inicialmente con la visita del secretario de Estado norteamericano, John Kerry, a Riad, hizo que el príncipe Miteb, hijo del rey Abdalá, diera a entender a las familias de los condenados que iba a revisarse la sentencia.

Tanto AI como HRW han subrayado numerosas irregularidades cometidas durante el juicio que apenas duró tres horas y en el que los acusados no contaron con un abogado defensor. Los jóvenes denunciaron también que habían sido torturados para que confesaran el delito, una serie de robos a joyerías de Abha cometidos en 2005, meses antes de su detención, cuando varios de ellos aún eran menores de edad.