Abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la agrupación HIJOS, solicitaron “la revocatoria” de la resolución del Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario, que suspendió el inicio de un juicio contra represores del Batallón 121 de Inteligencia previsto para el 21 de marzo.
El pasado 28 de febrero el TOF1 resolvió prorrogar hasta el 9 de agosto el comienzo de la segunda parte del juicio contra la patota del Destacamento 121 del Ejército. La decisión molestó a testigos, querellantes y organizaciones de derechos humanos, y este lunes, los abogados de HIJOS y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitaron que la resolución sea revocada, según explicaron, “porque estaría sentando un muy mal precedente”.
El expediente suspendido por el TOF1, caratulado “Porra, Ariel Zenón y otros s/ privación ilegal de la libertad, torturas y desaparición”, investiga una segunda parte de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en los centros clandestinos de detención de la Calamita, Quinta de Funes, la Intermedia, Escuela Magnasco y Fábrica Militar de Armas. Cabe recordar que un grupo de cinco ex integrantes de la patota del batallón 121 ya fueron juzgados y condenados a prisión perpetua en el primero de los juicios contra represores de la dictadura realizado en Rosario.
Desde el TOF, esgrimieron como argumento para suspender la audiencia del 21 de marzo, las dificultades que surgirían del inicio casi en simultaneo de otro juicio previsto para el 22 de este mes (el expediente "Rodríguez, Pedro Alberto y otros s/ privación ilegal de la libertad"). “Deberán desarrollarse en las instalaciones de este Tribunal Oral N° 1, lo que torna imposible llevarlas adelante simultáneamente, dado las condiciones edilicias, espacio físico y de personal de seguridad requerido para causas de esta magnitud, en la que se investigan delitos complejos, violatorios de derechos humanos”, consideró el tribunal en su resolución.
Por su parte, las querellas de HIJOS y la Secretaría de Derechos Humanos, señalaron en su escrito –firmado por los letrados Álvaro Baella y Lucas Ciarniello– que no pueden comprender “cómo existiendo ocho jueces diferentes, los cuales integran un mismo tribunal oral –o sea cuatro jueces distintos para cada juicio oral–, el cual cuenta con una Secretaría de Derechos Humanos específica, no pueden llevar adelante dos juicios de delitos de lesa humanidad de forma simultánea. Aún más, sabiendo que uno de ellos es un juicio donde se juzga los delitos sufridos por una sola víctima”.
Los letrados indicaron además que “es imposible soslayar además que este mismo TOF finalizó su primer y último debate oral en juicios de delitos de lesa humanidad en fecha 15 de abril de 2010” y agregaron: “O sea están por cumplirse tres (3) años sin que se realice debate oral en este tipo de causas en este TOF”.
Baella y Ciarniello apuntaron que otro de los peligros que acarrea la suspensión del juicio es el próximo “vencimiento de los plazos de las prisiones preventivas de los imputados de autos”. “Debemos recordar –precisaron– que muchas de las prórrogas de la prisiones preventivas se encuentran por vencer en fecha 15 de marzo de este año, por lo cual un estiramiento del inicio del debate no resulta recomendable”.
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