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El conservador primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tiende a exhibir su afán de transformar Hungría de arriba abajo. Para ello, el principal método escogido consiste en modificar o aprobar leyes sin apenas oposición interna, ya que su partido, Fidesz, controla dos tercios del Parlamento. Solo en el último año y medio se han aprobado 360 leyes, entre ellas la Constitución. Desde que era un borrador, la Carta Magna ha estado en el centro de la batalla de Hungría con Bruselas, que ha visto peligrar el equilibrio de poderes en el país centroeuropeo y amenazado el Estado de derecho. Ahora, Budapest vuelve a la carga con una modificación de la Constitución, polémica desde que era solo un borrador y alumbrada en 2011, un año después de llegar Fidesz al poder. Entró en vigor en enero de 2012 y ya va por la cuarta enmienda.

El Parlamento húngaro tiene previsto aprobar este lunes un paquete de cambios de calado que, sobre todo, afectan al Tribunal Constitucional, justo el órgano que más freno ha puesto a ese fervor legislativo. Para empezar, todas las sentencias de inconstitucionalidad dictadas hasta la fecha quedan anuladas. Además, el Tribunal no podrá recurrir a su propia jurisprudencia para argumentar sus decisiones e interpretar los nuevos casos. Tampoco podrá pronunciarse sobre los Presupuestos ni sobre los impuestos. Y, en caso de que haya nuevas enmiendas a la Carta Magna, no podrá examinar su contenido: solamente podrá decir si el procedimiento es conforme a derecho. En palabras de Zoltán Fleck, profesor de Sociología del Derecho en la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, “este cambio pretende abolir 20 años [desde la democracia] de jurisprudencia, que es la parte esencial de la práctica judicial. El hecho de que el Parlamento anule un fallo del Constitucional no tiene precedente en los sistemas modernos”.

En realidad, el cambio no solo anula esas sentencias, sino que además incluye varios artículos que el Constitucional había tumbado. Por ejemplo, la prohibición de insertar propaganda electoral en cadenas privadas. En enero el Tribunal declaró esta norma inconstitucional, al considerar que “es una restricción considerable del discurso político en campaña (…) precisamente en el tipo de medio de comunicación que alcanza al mayor número de votantes”. Pues bien, ahora es una de las leyes que se introducen en la Carta Magna. Lo mismo ocurre con la ley que da base constitucional para criminalizar a los sin techo que se instalen en “ciertos espacios públicos”, considerada inconstitucional por el Tribunal al entender que ponerles una multa o confinarlos es “incompatible con la dignidad humana”. Cuando se aprueben las enmiendas, será legal y constitucional. La ley que obliga a registrarse —y a ser aprobado el registro por el Parlamento— a los credos religiosos para ser considerados como tales, excepto todos los cristianos y judíos, ha seguido el mismo camino, así como la norma que obliga a los universitarios que estudien con beca a trabajar en Hungría después de acabar la carrera durante un tiempo determinado o devolver el importe de la beca. En este caso, el Constitucional se pronunció en contra por cuestiones formales, pero luego se reintrodujo en similares términos e hizo que el Defensor del Pueblo presentara un recurso que aún está pendiente de resolución.

Hay otros dos aspectos potencialmente polémicos en las enmiendas. Uno se refiere a la libertad de expresión, que dice que, no podrá violar la dignidad de ningún “grupo étnico, racial o religioso” ni de “la nación húngara”. Habrá que ver en qué se concreta la dignidad de la nación húngara. La otra cuestión tiene que ver con la idea de familia, que ahora es más restrictiva, ya que especifica que “el matrimonio y las relaciones entre padres e hijos son las bases de la familia”. De las otras formas de convivencia y de familias, nada se dice.

El presidente del Parlamento Europeo fue el sábado el último, de toda una catarata, en lanzar advertencias hacia Budapest. Martin Schulz pidió explicaciones y sugirió que se aplazara la votación de hoy para que el Consejo de Europa, que vela por el respeto a los derechos humanos en la UE, se pronuncie. El viernes por la tarde, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, llamó por teléfono a Orbán para expresarle su preocupación por que los cambios pudieran entrar en colisión con las leyes europeas, a lo que el primer ministro húngaro respondió, por carta, sobre su “total compromiso” con ellas. Incluso el Departamento de Estado de EE UU, a través de su portavoz, Victoria Nulland, considera que las enmiendas “podrían amenazar el principio de independencia institucional y el equilibrio de poderes que distingue a los sistemas democráticos”.

El Gobierno húngaro se ha defendido de las críticas a través de cartas de varios ministros y de sus portavoces, atribuyendo la preocupación por las reformas a “malentendidos y falta de información” y sosteniendo que están “abiertos a la crítica basada en hechos y argumentos”, como explica el ministro de Exteriores, János Martonyi en una misiva de la semana pasada a los Estados miembros. También sostiene que el Constitucional revocó varias de las leyes que ahora se quieren reintroducir por cuestiones “de naturaleza formal y no sustancial”, porque se habían regulado como disposiciones transitorias cuando no lo eran.