En paralelo con el debate por la democratización de la Justicia, el oficialismo ya está armando su agenda parlamentaria y busca incluir para la primera sesión ordinaria, el miércoles 13, el proyecto que dispone la indemnización a familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. El texto, que ya tiene sanción en el Senado, quedaría así convertido en ley mientras avanza la negociación con Irán para conformar una Comisión de la Verdad que ahonde en la investigación del ataque terrorista.
El primer indicio de su tratamiento llegó en la madrugada del jueves, cuando el jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, defendía la aprobación del acuerdo con Irán y prometió saldar “una deuda” del Congreso. “Me refiero a la sanción de un proyecto de ley que ya ha sido aprobado por el Senado y cuenta con despacho de comisión en la Cámara de Diputados, que esperamos tratar en el inicio de las sesiones ordinarias, por el que se establece la correspondiente indemnización a todos los familiares de las víctimas del atentado contra la sede de la AMIA”, señaló el santafesino. Luego, lo confirmó ante la prensa acreditada en la Cámara.
El proyecto se basa en el decreto 812/05 que firmó Néstor Kirchner, reconociendo la responsabilidad del Estado argentino “por incumplimiento de la función de prevención, habida cuenta del previo atentado terrorista contra la Embajada de Israel, y encubrimiento grave y deliberado de la función de investigación adecuada del ilícito, lo que produjo una clara denegatoria de justicia”. Aquella admisión abrió la puerta al resarcimiento de las víctimas.
La iniciativa lleva las firmas del titular de la bancada kirchnerista en el Senado, Miguel Pichetto, y de los peronistas disidentes Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre. A lo largo de 16 artículos propone una fórmula de indemnización según los daños y las lesiones sufridos en el atentado y aclara que quienes cobren ese beneficio deberán desistir de accionar judicialmente contra el Estado en causas relacionadas con el ataque.
Además, la Cámara baja podría debatir el nuevo régimen de empleadas domésticas, para ampliar los derechos y beneficios de esas trabajadoras y que queden amparadas por la Ley de Contrato de Trabajo; mientras que el Senado comenzará a analizar en comisiones un proyecto de declaración para rechazar el referéndum que realizará la población británica de las Islas Malvinas.
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