La definición en lunfardo de ñoqui, aquel que sólo cobra una vez por mes y que no trabaja, no tiene que ver con quienes se presentan al lugar de trabajo y hacen poco y nada sino con aquellos que directamente no trabajan pero tienen un sueldo estatal. "El Estado es la compañía número uno en contratación de personas con un escaso y deficiente control sobre ellas", dice Diego Bleger, socio a cargo de Forensic Services de KPMG. Por qué y para qué existen estas contrataciones irregulares son preguntas que tienen múltiples respuestas. La más importante está relacionada con el financiamiento de la política. "Es un modo de obtener dinero público para hacer política. Por ejemplo, si se necesitan $ 5 millones por mes, se contrata a 500 personas con un sueldo de $ 10.000 por mes. Esas personas quizás ni se enteran", explica Bleger. Cuántos empleados hay en el Estado argentino es un número difícil de establecer porque no hay cifras oficiales y en los últimos meses se incorporaron de a miles a la planta permanente.
Según la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), ese número trepó de 3.583.000 en 2012 a 3.995.000 este año. Cuando asumió Néstor Kirchner, en 2003, había 2.210.000 empleados públicos. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), hacen referencia a que existen tres millones de empleados públicos. Tomando una cifra intermedia, existen 3,5 millones de empleados públicos en la actualidad. En base a estudios anteriores de KPMG, entre el 5% y el 7% del total de una planta son "empleados fantasma" que cobran un promedio de $8000 mensuales. Para llegar a este porcentaje, la firma realizó la técnica de entrecruzamiento de datos y la puesta en marcha de un 0800-ñoquis, con muy buena repercusión, ya que los empleados que sí trabajan ven con muy malos ojos a aquellos que cobran un sueldo sin concurrir a la oficina.
El 6%, de los 3,5 millones de empleados públicos serían entonces 210.000 personas que le insumen al Estado $ 20.160 millones anuales en concepto de salarios, sin contar aguinaldo y vacaciones. A modo de comparación, por la Asignación Universal por Hijo (AUH) el Estado pagó $ 24.196 millones al tercer trimestre de este año, según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). El presupuesto inicial para 2015 fue de $ 24.818 millones, y luego se extendió a $ 30.818 millones. Sin los ñoquis, entonces, podría aumentarse como mínimo un 50% el monto de la AUH, que hoy es de $ 837 por cada hijo para grupos familiares con ingresos de hasta $ 7500 mensuales y $ 2730 por hijo con discapacidad (la AUH disminuye montos a medida que los ingresos son superiores).
Andrés Ibarra, a cargo del ministerio de Gestión y Modernización, dijo: "Encaramos un relevamiento área por área para corroborar la cantidad de empleados, su tipo de vinculación, de planta o contratos. Dentro de lo que es sólo la administración pública nacional, nos llama la atención que los contratos que se iniciaron en los últimos tres años son más de 20.000 sobre un total de contratados de 64.000. Vamos a revisar esos contratos para ver que correspondan a gente que efectivamente está trabajando en esa administración. Es un número que nos sorprende por su magnitud". El funcionario aclara que hay 370.000 empleados en la administración pública nacional; más de 20.000 en los distintos organismos y 50.000 más de empresas públicas. Si se agregan los otros poderes se llega a unos 900.000 empleados, "pero queremos corroborar esta cifra", dice. No incluye empleados provinciales y municipales, aunque concuerda con FIEL en la cifra total.
Contratados
La preocupación de Hugo Godoy, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), es que no se confundan los ñoquis con los trabajadores del estado que están precarizados, unos 600.000 en total. "El 31 de diciembre vencen los contratos de 95.000 trabajadores contratados en el estado nacional y de 600.000 contando provincias y municipios. No se puede dejar a estos trabajadores en la calle. No queremos que se salga a la caza de ñoquis como una manera de justificar el despido de trabajadores. La conversación que debemos tener es cómo terminamos con la precariedad laboral en el Estado". El representante de los trabajadores del estado afirma que "hay una costumbre ante los cambios de gobierno de despedir a los precarios para nombrar gente de sus propias filas".