A un año y nueve meses del escándalo, el juez federal Norberto Oyarbide procesó y detuvo hoy a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por los delitos de asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que recibió al menos 756 millones para la construcción de viviendas sociales. También arrestó al contador Alejandro Gotkin, el “cerebro” de la estafa. Además, procesó a otras 40 personas, pero sin prisión preventiva. En cambio, decretó la falta de mérito de la hija de Hebe de Bonafini, y del financista Fernando Caparrós Gómez, en cuya financiera se habrían cambiado más de 100 millones de pesos en cheques.
Sergio Schoklender fue procesado como jefe de una asociación ilícita en concurso con los delitos de defraudación y apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Además, le embargaron sus bienes en 200 millones de pesos. Su hermano, Pablo, y el contador Gotkin están acusados ahora como organizadores de esa banda. También recibieron embargos por 150 y 100 millones. Al ex apoderado lo detuvieron a media tarde en su domicilio, según pudo saber Clarín de fuentes judiciales. El menor se entregó esta noche, en una comisaría de Palermo.
La secuencia fue muy similar a la anterior detención, en mayo de 2012. En ese momento, Pablo también fue el último en perder su libertad. Los tres estuvieron en la cárcel de Ezeiza y fueron liberados 50 días después.
La voluminosa resolución de Oyarbide, a la que accedió Clarín, fue entregada personalmente por empleados del juzgado en los estudios jurídicos de la mayoría de los imputados. Por el tamaño del archivo, 1503 carillas, se notificó por “soporte informático”.
Entre los procesados sin prisión preventiva figuran la secretaria y mano derecha de Sergio, Patricia Alonso; Daniel Laurenti (mano derecha del dueño de la financiera Monetización); el abogado Hugo Garrado; Manuel Camet (mano derecha de Pablo); el piloto Gustavo Serventich; Noelia Garay (novia de Pablo); los hermanos Carlos y Ricado De Falco, vinculados a la financiera Trade Travel; el empresario de la construcción Marcelo Sánchez; y el ex funcionario Enrique Rodriguez.
En total, Oyarbide procesó a 44 personas y decretó la falta de mérito de 22. Entre los beneficiados se destacan Fernando Caparrós Goméz, su socio, Jorge Fidalgo, y María Alejandra Bonafini. Los dos primeros, sin embargo, serán investigados a partir de ahora por la Justicia penal tributaria. La hija de la Titular de las Madres de Plaza de Mayo estaba imputada por la venta de un semipiso en La Plata a la empresa Meldorek. La propiedad tenía un precio de mercado de 120 mil dólares, pero los compradores pagaron apenas 25 mil. Schoklender denunció que aquella operación “fue para devolver el dinero que le habían prestado a María Alejandra” para la compra de su casa actual, una propiedad de 213 m2 que habría costado alrededor de 250 mil dólares. Llamativamente, nunca se investigó esa operación.
No obstante, Oyarbide ordenó remitir testimonios al juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi, que lleva adelante otra causa relacionada, para que se investiguen “posibles delitos de acción pública cometidos por funcionarios públicos”. Y pidió hacer lo propio con la Fundación Madres de Plaza de Mayo porque “no se habría cumplido con el pago de aportes y contribuciones previamente retenidas” a los ex empleados.
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