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Lunes 28 de Enero de 2013 - 07:42 hs
Los holdouts dicen que no pueden ser obligados a entrar a un canje
Los fondos con bonos argentinos en default que litigan contra el Gobierno insistieron ante la Corte de Apelaciones en su intención de cobrar el 100% de sus títulos en un solo pago y rechazaron ingresar a una eventual reapertura del canje, en dos escritos que presentaron a la Corte de Apelaciones en la madrugada del sábado.
En respuesta a la intención argentina de reabrir la reestructuración de deuda en los términos de 2010 si los tribunales de Nueva York así lo disponían, los fondos NML Capital y Aurelius replicaron que no pueden ser obligados a entrar a un canje porque los bonos en default no contienen cláusulas de acción colectiva. Estas disponen que, por ejemplo, ante una aceptación de una reestructuración por parte del 75% de los tenedores de deuda, el resto queda incluido en la operación.
Este es el argumento principal con el que los fondos buitre rechazaron tanto la posibilidad de ingresar al canje como la argumentación argentina sostenida también por Estados Unidos de que el fallo del juez de primera instancia Thomas Griesa, de ser confirmado, pone en riesgo al sistema financiero en su conjunto. Griesa había obligado a pagar a los holdouts sus bonos por u$s 1.330 millones y a los agentes financieros que participan en la operación a retener esa suma de los pagos de deuda reestructurada. Según los demandantes, las emisiones de deuda actuales poseen cláusulas de acción soberana que evitan, justamente, reclamos judiciales por parte de holdouts.
Argentina argumenta que porque el 92% de los tenedores de bonos aceptó el canje en sus dos versiones (2005 y 2010), el resto de los bonistas deben ahora ser forzados a aceptar el históricamente desfavorable canje de 2010, argumentaron NML Capital y Aurelius. Pero, como esta Corte ha explicado, porque (los bonos) no contienen cláusulas colectivas de acción, Argentina no tiene derecho a forzar (a los apelantes) a aceptar una reestructuración, incluso si ésta fue aprobada por una súper mayoría, continuaron.
El 99% de los bonos soberanos bajo ley de Nueva York hoy tienen cláusulas de acción colectiva, que requiere una aceptación del 75% en adelante, afirmó el abogado Eugenio Bruno, especialista del estudio Garrido. Los fondos buitre indicaron que la Argentina no pudo demostrar de qué manera el fallo perjudicaría futuras reestructuraciones.
Además, los litigantes rechazaron que un fallo a su favor desatara juicios de los bonistas que aceptaron el canje.
Los fondos recordaron que la Corte de Apelaciones ya había fallado a favor de la cláusula de pari passu o tratamiento igualitario, por lo que los holdouts deben recibir pagos por sus bonos en default. Y había pedido a Griesa que definiera cuánto y cómo debía pagarse. El juez dispuso el pago del 100% en efectivo. Otra alternativa que manejó la Corte (y que devolvieron al debate los litigantes) fue la de pagos equivalentes a los que reciben los bonistas que aceptaron el canje. Así, si estos cobran 100.000 dólares y esa cifra corresponde al 1% del capital más intereses, los buitre podrían cobrar el 1% de sus bonos más intereses.
Este escrito va a obligar al Gobierno a replicar punto por punto de una manera sólida para contrarrestar alguno de estos argumentos, dijo Garrido.
La Argentina debe responder el próximo viernes 1, según el cronograma que impuso la Corte, de cara a la audiencia del 27 de febrero. El Gobierno consideró que los fondos buitre usaron los mismos argumentos que en escritos anteriores y que enfatizaron en la necesidad de usar intermediarios (los agentes financieros que participan en los pagos) para obligar a que la Argentina pague.
En respuesta a la intención argentina de reabrir la reestructuración de deuda en los términos de 2010 si los tribunales de Nueva York así lo disponían, los fondos NML Capital y Aurelius replicaron que no pueden ser obligados a entrar a un canje porque los bonos en default no contienen cláusulas de acción colectiva. Estas disponen que, por ejemplo, ante una aceptación de una reestructuración por parte del 75% de los tenedores de deuda, el resto queda incluido en la operación.
Este es el argumento principal con el que los fondos buitre rechazaron tanto la posibilidad de ingresar al canje como la argumentación argentina sostenida también por Estados Unidos de que el fallo del juez de primera instancia Thomas Griesa, de ser confirmado, pone en riesgo al sistema financiero en su conjunto. Griesa había obligado a pagar a los holdouts sus bonos por u$s 1.330 millones y a los agentes financieros que participan en la operación a retener esa suma de los pagos de deuda reestructurada. Según los demandantes, las emisiones de deuda actuales poseen cláusulas de acción soberana que evitan, justamente, reclamos judiciales por parte de holdouts.
Argentina argumenta que porque el 92% de los tenedores de bonos aceptó el canje en sus dos versiones (2005 y 2010), el resto de los bonistas deben ahora ser forzados a aceptar el históricamente desfavorable canje de 2010, argumentaron NML Capital y Aurelius. Pero, como esta Corte ha explicado, porque (los bonos) no contienen cláusulas colectivas de acción, Argentina no tiene derecho a forzar (a los apelantes) a aceptar una reestructuración, incluso si ésta fue aprobada por una súper mayoría, continuaron.
El 99% de los bonos soberanos bajo ley de Nueva York hoy tienen cláusulas de acción colectiva, que requiere una aceptación del 75% en adelante, afirmó el abogado Eugenio Bruno, especialista del estudio Garrido. Los fondos buitre indicaron que la Argentina no pudo demostrar de qué manera el fallo perjudicaría futuras reestructuraciones.
Además, los litigantes rechazaron que un fallo a su favor desatara juicios de los bonistas que aceptaron el canje.
Los fondos recordaron que la Corte de Apelaciones ya había fallado a favor de la cláusula de pari passu o tratamiento igualitario, por lo que los holdouts deben recibir pagos por sus bonos en default. Y había pedido a Griesa que definiera cuánto y cómo debía pagarse. El juez dispuso el pago del 100% en efectivo. Otra alternativa que manejó la Corte (y que devolvieron al debate los litigantes) fue la de pagos equivalentes a los que reciben los bonistas que aceptaron el canje. Así, si estos cobran 100.000 dólares y esa cifra corresponde al 1% del capital más intereses, los buitre podrían cobrar el 1% de sus bonos más intereses.
Este escrito va a obligar al Gobierno a replicar punto por punto de una manera sólida para contrarrestar alguno de estos argumentos, dijo Garrido.
La Argentina debe responder el próximo viernes 1, según el cronograma que impuso la Corte, de cara a la audiencia del 27 de febrero. El Gobierno consideró que los fondos buitre usaron los mismos argumentos que en escritos anteriores y que enfatizaron en la necesidad de usar intermediarios (los agentes financieros que participan en los pagos) para obligar a que la Argentina pague.
Fuente: cronista.com
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