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Profundizando el acuerdo político logrado la semana pasada para encarar acciones en materia de seguridad en la ciudad, la intendenta Mónica Fein y los presidentes de los diferentes bloques del Concejo definieron ayer varios ejes de trabajo: crear un área local para relevar economías del delito y poder facilitar la denuncia y el posterior seguimiento de temas vinculados al narcotráfico y a los delitos complejos, además de pedir reuniones con el gobernador Antonio Bonfatti; el jefe de Gabinete nacional, Juan Manuel Abal Medina; la presidenta de la Suprema Corte provincial, María Angélica Gastaldi, y su par de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Elida Vidal.

Asimismo, resolvieron utilizar las herramientas técnicas y administrativas que otorga a los municipios la ley de emergencia en seguridad provincial, relevar acciones y medidas existentes en Rosario para el tratamiento de adicciones, fortalecer y potenciar las acciones propias de la Intendencia en lo que hace al control de habilitaciones e inspecciones de comercios que pueden integrar redes delictuales y fortalecer el programa de protección de testigos, víctimas y denunciantes establecido en el nuevo Código Procesal Penal santafesino.

"Fue una reunión muy positiva", afirmó Fein, quien sobre los plazos previstos detalló que "las reuniones con Bonfatti, Abal Medina y las autoridades judiciales se pedirán en forma inmediata".

Acerca de la creación de la nueva dependencia municipal, la socialista indicó: "Avanzaremos en la discusión con las áreas técnicas para que sea un mecanismo que no se superponga con otros y respete la institucionalidad".

Más en detalle, el secretario de Gobierno municipal, Fernando Asegurado, adelantó que el área podría depender de su repartición, pero destacó que "estará bajo la injerencia directa de la intendenta, porque quiere monitorearla personalmente". Y enfatizó que "aún restan determinar cuestiones técnicas para que sea una herramienta que colabore a la Justicia".

Sobre las acciones específicas del área, el funcionario dijo que "avanzaría en el relevamiento de las economías delictivas para determinar en cuáles pueden intervenir directamente las dependencias de control del municipio y en cuáles se requiere el acompañamiento de la Justicia federal o provincial.

"También haría un acompañamiento y protección a través de instancias existentes, tanto a nivel provincial como nacional, de las personas testigos de esos tipo de delitos y de las víctimas y sus familiares. Y habría posibilidades de que reciba denuncias y las canalice a la Justicia", agregó.

Otros ejes.Además de señalar que en los próximos días se trabajará en el temario que a llevar a las reuniones con los gobiernos provincial y nacional, sobre los que cada sector planteó divergencias , Fein adelantó que "habrá un relevamiento de las acciones a encarar en materia de adicciones para poder fortalecer las áreas de tratamiento".

En ese sentido, destacó la propuesta presentada por el concejal justicialista Diego Giuliano, quien planteó la necesidad de adherir a la ley provincial de emergencia en seguridad.

Al respecto, el edil del Partido del Progreso Social (PPS) Héctor Cavallero añadió: "Eso permitirá implementar varias acciones y convenios con el Poder Judicial para aumentar la información y la coordinación en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad".

Para el radical Jorge Boasso, el encuentro "logró consenso en los grandes títulos", pero aclaró que "en la letra fina cada bloque y cada concejal tiene sus bemoles y posiciones, y se irán sumando a medida que avance el trabajo".

Su par del Partido Socialista Auténtico (PSA) Alberto Cortés destacó que "lo más importante es que se ha empezado a consensuar, a diferencia de lo que ocurre en la guerra que mantienen el oficialismo nacional y la provincia".

En tanto, la edila del Frente para la Victoria (FPV) Norma López rescató "los beneficios que implica que, desde el municipio, se avance en investigaciones y en el combate de las economías delictivas en los aspectos que le competen".