Lt 10

En diálogo con LT10, Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, expresó que “yo considero que la Argentina tiene que anular las cláusulas de los tratados bilaterales de inversión donde se quebrante un principio uniforme del derecho internacional público y privado, que establece que el lugar donde se cumple un contrato es el que determina la ley y jurisdicción de aplicación. Esto está desde el Código Civil francés para acá, en todas las legislaciones (latinoamericanas y europeas). Yo entiendo que haber entregado la soberanía legislativa y jurisdiccional fue un acto contrario al principio que establece el artículo 27 de la constitución nacional”.

Además, Eduardo Barcesat agregó que “yo entiendo que la entrega incurrida en la década del 90 significó un retroceso económico, jurídico y constitucional. El gobierno de Ecuador ya tomó una decisión como la que estamos pidiendo nosotros. También, Venezuela y Bolivia están en esta postura. El tribunal CIADI siempre fue favorable a los inversores en sus fallos y ajenas a las nociones de derecho. Estamos ante una situación de absoluta falta de seguridad y certeza jurídica. El CIADI defiende a los inversores a cualquier precio. Yo participé de audiencias en el CIADI y siento espanto por la ignorancia del derecho o inaplicación del derecho”.

Consultado sobre si el gobierno necesita una ley del Congreso para abandonar al CIADI como tribunal arbitral para conflictos en tratados bilaterales de inversión, abogado constitucionalista sostuvo que “obviamente, necesita una ley del Congreso. Pero el tema viene suscitado por el proyecto de unificación del Código Civil y Comercial. El proyecto es totalmente opuesto a lo que estoy diciendo. Las autoridades nacionales están al tanto de esta situación y lo están revisando profundamente. Si se hubiera aprobado como está redactado habríamos entregado más soberanía legislativa y jurisdiccional que la entregada con la clausula Martínez de Hoz”.

Finalmente, Eduardo Barcesat remarcó que “nosotros entendemos que en caso de diferendo, las empresas extranjeras deben someterse a tribunales y leyes nacionales. Yo entiendo que los tribunales nacionales son enormemente intuitivos a las inversiones y propiedad privada. Por lo tanto, no deben ser ellos lo que tengan temor”.