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Gremios, empresarios y Gobierno ya comenzaron a debatir la puja salarial que marcará el 2013 con el difícil objetivo de ajustar el poder adquisitivo de los trabajadores sin generar altas expectativas inflacionarias.

En las últimas semanas del año pasado, el Poder Ejecutivo intentó garantizarse un tope en torno al 25%, proyecto que es descartado de plano por las asociaciones sindicales, que exigen un debate particular para cada sector de la economía.

Moyano, secretario general de Camioneros, actualmente enfrentado con la Casa Rosada, adelantó que irán por un aumento entre el 27% y el 30 por ciento. El convenio de este sector ha sido una referencia para toda la economía durante los años de amistad con el kirchnerismo. Y pese a las diferencias continúa siendo uno de los sindicatos con mayor poder de fuego en las calles.

A entender del camionero, la decisión oficial de poner topes “demuestra que el Gobierno está aplicando recetas ortodoxas del FMI, como el congelamiento salarial”, según declaró en diálogo con el diario Clarín.

“Esto se suma a la gran cantidad de planta de los trabajadores que se lleva el Estado por el Mínimo no Imponible, y a los aumentos en el transporte, las naftas y los impuestos”, evaluó el titular de la CGT Azopardo.

Otros dirigentes gremiales advirtieron que intentarán imponer acuerdos con “cláusula gatillo”, esto es, establecer una pauta que permita reabrir la discusión en caso de un desborde inflacionario.

Y desde Smata, gremio mecánico encabezado por el oficialista Ricardo Pignanelli, ya reclaman negociar salarios en forma semestral: este sector fue uno de los primeros en rechazar públicamente la posibilidad de poner un techo en torno al 20 por ciento.

Los empresarios saben que se viene un año complejo en las negociaciones y ante este panorama no descartan la posibilidad de sellar algún acuerdo en el marco de un pacto social. “No encontrar caminos para los entendimientos puede tener un costo más alto”, aseguró el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja.