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En un escenario de profunda fragmentación sindical y con la amenaza latente de una fuerte competencia entre gremios por hacerse de la mejor tajada y asegurar aumentos superiores a la inflación, la ronda de paritarias de 2013 se presenta como un desafío complejo para el Gobierno, que apuesta a utilizar la baja del impacto de Ganancias sobre los salarios y el incremento de las asignaciones familiares como instrumentos clave para disciplinar las demandas sindicales en un tope del 20%.

La aspiración oficial, sin embargo, supone una brecha importante con las proyecciones que comparten gremios y empresas, donde se impone la creencia de que el promedio de los próximos aumentos difícilmente bajará del 25%. Las previsiones de un incremento del costo de vida de entre un 22% y 26%, la improbabilidad de un acuerdo explícito de precios y salarios en un contexto de puja intersindical inédito en la década de gestión kirchnerista y las características propias de un año electoral, marcan límites concretos a la estrategia de contención de aumentos diseñada por la Casa Rosada.

Ese panorama se completa con la expectativa de un proceso de negociación más complejo y duro por efecto de una mejora limitada en el nivel de actividad económica, lejos del crecimiento a tasas chinas que acompañó las discusiones salariales hasta 2011. El paro bancario de la última semana ya logró colar en la agenda laboral la previsión de un escenario de aumento de la conflictividad, al punto que por primera vez en 8 años de paritarias el Ministerio de Trabajo amenazó con aplicar multas y sanciones a un sindicato por medidas de fuerza vinculadas directamente a reclamos salariales.

La negociación de los bancarios como la que arrancará en enero con los docentes son decisivas para los planes oficiales de ofrecer señales concretas de moderación salarial. Pero el gremio que conduce Sergio Palazzo no parece dispuesto a ceder en su reclamo de una suma puente para el primer trimestre equivalente a una suba de 25%. En tanto, los sindicatos docentes ya condicionan el inicio de las clases a una previa reformulación del impuesto a las Ganancias que reduzca la carga del tributo sobre sus salarios.

Para los analistas del mercado laboral y habituales asesores en discusiones salariales, la promesa de reforma de Ganancias de la presidenta Cristina Fernández servirá poco para reducir las demandas de aumentos de los gremios. “Solo puede incidir en las actividades con sueldos más altos, al resto no le interesa tanto como pretendería el Gobierno”, consideró el abogado y asesor sindical Lucio Garzón Maceda, quien advirtió que incluir Ganancias en la mesa de negociación supone “problemas” para los gremios que deben discutir convenios con categorías salariales bajas no afectadas por el impuesto. Garzón Maceda también desestimó un acuerdo social tripartito, como el que intentó poner en marcha semanas atrás el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. “Los dirigentes no se suicidan, su base de reclamo es la inflación y si el Gobierno no ofrece nada sobre la inflación, cualquier acuerdo es imposible”, enfatizó.

En esa línea, el abogado de la CTA opositora Horacio Meguira remarcó que la fragmentación en cinco centrales sindicales (las CGT de Hugo Moyano, de Antonio Calo y de Luis Barrionuevo y las dos CTA) impide la alternativa de un entendimiento destinado a contener salarios. “Si hubiera un acuerdo sobre topes, los que no entraron van a querer romper el límite, eso no sirve en medio de semejante competencia”, aseguró. Meguira como Garzón Maceda coincidieron en que la inflación será la variable clave para determinar los reclamos gremiales y proyectaron que el piso de los aumentos se ubicará en el 25%. “A lo sumo algunos aceptarán 20% de entrada y sin cuotas y le ganarán a la inflación 8 o 9 meses, nadie va a ceder más‘” estimó Garzón Maceda.

Las mismas cuentas hacen en las empresas. A pesar de los reclamos de algunas entidades empresarias como la UIA para que los aumentos se determinen por productividad, la última encuesta a 150 compañías líderes realizada por SEL Consultores reveló que la gran mayoría de esas firmas espera pedidos de incrementos no menores al 25% en la próxima ronda de paritarias. María Laura Cali, responsable del informe, explicó a El Cronista que esas proyecciones empresarias se basan en el costo de vida esperado para el próximo año, que en promedio se ubica en el 24%, con un piso del 22% y un techo del 26%. “Aumentos del 25% estarían cubriendo la estimación de inflación”, razonó la analista, quien también destacó que ese mismo porcentaje de incremento se replicaría en el caso de los trabajadores fuera de convenio, a diferencia de otros años cuando la brecha con las mejoras al personal bajo convenio era más significativa.

Por otra parte, el relevamiento de SEL mostró que una de cada tres compañías consultadas prevé que será más difícil acordar aumentos en 2013 (en 2012 ese nivel alcanzó al 22% de las firmas) y que la conflictividad laboral constituye, junto con la retención de talentos y el mantenimiento de la competitividad salarial, las variables más importantes en la definición de los presupuestos empresarios en materia de costos laborales.