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El secretario de Finanzas Adrián Cosentino confirmó ayer que la Argentina sólo reabrirá el canje si la Justicia de Estados Unidos lo pide para dar tratamiento igualitario a los fondos buitre respecto a los acreedores que reestructuraron su deuda.

En declaraciones a la agencia oficial Télam, Cosentino remarcó: “Si la Cámara sostiene que se debe pagar igual que a los bonistas, bajo esa hipótesis, el Ejecutivo enviaría una Ley al Congreso”, para suspender la ley cerrojo y reabrir el canje.

El Gobierno envió en la madrugada del sábado un escrito a la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York en el que reafirmó que podría ofrecer a los holdouts canjear sus títulos en default bajo condiciones similares a la reestructuración efectuada en 2010.

“Argentina entiende el deseo de la Corte (de primera instancia) de resolver este largo litigio y está preparada para hacer lo que pueda para terminarlo. Pero la República sólo puede actuar en concordancia con una fórmula de “pago evaluable” que trate a los demandantes de forma similar que a los acreedores con deuda reestructurada”, se lee en el documento elaborado por abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton y funcionarios del Ministerio de Economía.

“El Ejecutivo está preparado para presentar una vez más al Congreso una propuesta que trate definitivamente a todos los holdouts bajo los mismos términos que a los que participaron de la Oferta de Canje de la República de 2010”, continúa.

La Argentina presentó así sus argumentos ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, que había fijado un cronograma de presentaciones y convocará a una audiencia entre las partes para el próximo 27 de febrero. La Corte había dejado en suspenso la orden del juez Thomas Griesa de pagar al fondo NML Capital el total de sus bonos en default (u$s 1.300 millones) antes del pago del Cupón PBI del 15 de diciembre.

Griesa supeditaba a todas las partes involucradas en esa operación a su fallo, lo que provocó quejas de bancos, agentes de clearing, bonistas con deuda reestructurada y hasta del gobierno de Estados Unidos. Todos ellos se presentaron y fueron admitidos por la Corte de Apelaciones como terceras partes interesadas o amicus curiae.

Griesa había entendido que otorgar un “tratamiento igualitario” a los fondos litigantes hubiera sido pagar el 100% de sus bonos en default, sin la quita aplicada a quienes ingresaron en las dos instancias de canje. La presentación argentina ante la Corte de Apelaciones alerta que esa interpretación, además de violar leyes argentinas y la inmunidad soberana, pone en peligro futuras reestructuraciones de deuda en el mundo. “Lo que se ha planteado no es un nuevo canje sino el procedimiento que debería seguir la Argentina si la Cámara falla bajo el principio de equidad”, dijo Cosentino.

La decisión de reabrir el canje provocó controversias en el seno del Gobierno. Hasta hace dos meses, la presidenta Cristina Fernández insistía en no pagar “ni un solo peso”, lo que motivó el encono de Griesa. Finalmente, el ministro Hernán Lorenzino y Cosentino instalaron una postura menos intransigente.