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El debate en torno a la prohibición de venta de armas militares a civiles y controles más restrictos para el uso de armas divide por estos días a Estados Unidos, tras la conmoción que abrió hace diez días una de las masacres más sangrienta de su historia, ocurrida en una escuela de Newtown, en Connecticut, cuando un desequilibrado de veinte años asesinó a 26 personas, entre las cuales 20 niños de entre 6 y 7 años, antes de quitarse la vida.

El presidente Barack Obama reaccionó de inmediato con la puesta en marcha de una comisión liderada por su vice Joseph Biden, que en enero deberá presentar “propuestas concretas” para frenar la violencia que generan las armas en un país donde existe una per cápita. Pero el proceso será arduo.

Ante el temor a eventuales restricciones, en los últimos días crecieron las ventas de armas de tipo militar en el país, se dispararon las de mochilas escolares con protección antibalas, e incluso algunos estados propiciaron la idea de armar a maestros o auxiliares en los establecimientos escolares, lo que aporta una fotografía de lo difícil que le será a Obama avanzar con las limitaciones durante su segundo mandato.

Con más de 300 millones de armas en manos de civiles, hay más de 11.000 homicidios por armas de fuego –más de 30 por día–, además de 18.000 suicidios anualmente, según estadísticas oficiales.

En EE.UU. hubo 62 tiroteos masivos en los últimos treinta años, la mayoría perpetrado con armas legalmente compradas por sus autores, en una espiral de violencia que en 2012 contabilizó la matanza de doce personas durante el estreno de la última película de Batman en un cine de Colorado, de otras siete en una clase en la Universidad Oikos en California e igual cantidad durante una ceremonia en un templo ski en Oak Creek en Wisconsin, por mencionar solo algunos de los 11 episodios de homicidios en masa registrados por los medios.

Al compromiso de Obama de volver a impulsar la prohibición de venta a civiles de fusiles de asalto que rigió durante una década hasta 2004, se sumaron voces de legisladores demócratas e incluso algunos republicanos sensibilizados por la muerte de niños a raíz de los disparos de un rifle semiautomático, versión civil del AR 15 que utilizan las tropas de combate estadounidense, el arma que utilizó Adam Lanza en el establecimiento escolar.
Un grupo de 250 alcaldes, liderado por el de Nueva York, Michael Bloomberg, impulsó una campaña para exigir a Obama y al Congreso más controles judiciales para la venta de armas, la prohibición de venta de rifles de asalto o cargadores de gran capacidad y penar el tráfico de armas como un crimen federal, a la que se sumó un aviso protagonizado por estrellas de Hollywood, como Julianne Moore, Cameron Díaz y Jennifer Aniston, que mencionan emblemáticas masacres como la del instituto secundario Columbine en 1999 y de la universidad de Virginia Tech en 2007, para refrescar la memoria de los legisladores. Incluso los obispos católicos alzaron su voz en el mismo sentido días atrás.

En la vereda de enfrente, se alza el poderoso lobby de la Asociación del Rifle (NRA), que tras una semana en silencio, el pasado viernes hizo una encendida defensa del derecho a portar y utilizar armas, amparado en la segunda enmienda de la Constitución.

“La única forma de parar a un tipo malo con un arma es un tipo bueno con un arma”, dijo Wayne LaPierre, vicepresidente de la NRA, que instó al Congreso a actuar para permitir la presencia de oficiales armados en todas las escuelas del país. “Un arma es una herramienta, el problema son los criminales”, insistió ayer en una entrevista en el programa ‘Meet The Press‘ de la cadena NBC.
A pesar la crisis, la industria de armas movió 11.000 millones de dólares en ventas este año, con el consecuente impacto en el empleo y la recaudación tributaria. Encuestas posteriores a la masacre en la escuela Sandy Hook mostraron una sociedad dividida en torno al tema: poco más de la mitad se mostró a favor de mayores controles a la venta de armas, mientras el resto los rechaza.