La iniciativa establece que el Estado asuma el control y la regulación de la marihuana como una estrategia para combatir al narcotráfico y sus secuelas.
El Poder Ejecutivo uruguayo remitió al Parlamento un proyecto de Ley, con artículo único, donde establece que el Estado asumirá el control y la regulación de la importación, producción, adquisición, comercialización y distribución de marihuana.
El objeto de la iniciativa, que al ser anunciada algo más de un mes atrás ya había generado polémica, es “arrebatar al narcotráfico un negocio de entre 30 y 40 millones de dólares anuales”, argumentó la Presidencia del Uruguay, según cita hoy el diario montevideano La República.
La redacción del proyecto mantiene en todos sus términos el Decreto-Ley Nº 14.294, de 1974, y modificativas, que prohíbe la comercialización de marihuana entre privados.
Además, se establece que el Estado podrá ejercer todas las actividades materiales para la ejecución de la importación, producción, adquisición, comercialización y distribución de la sustancia.
Se aclaró que donde el proyecto señala “importación”, se refiere a las semillas de este tipo de cáñamo.
La iniciativa, que lleva la firma de todo el gabinete ministerial, forma parte del paquete de acciones contra el narcotráfico, presentado hace un mes.
El objetivo del proyecto de ley es separar el mercado de las drogas legales de las ilegales y permitir concentrar los recursos hacia las drogas con efectos más nocivos, como la pasta base.
La exposición de motivos presenta los argumentos del conglomerado de organismos que forman la Comisión Global de Política de Drogas elaborados por personalidades como Fernando Henrique Cardozo, César Gaviria, Ernesto Zedillo, Javier Solana, Kofi Annan, Asma Jahagandir, Paul Volker, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, María Cattaui y Richard Branson, entre otros.
Esta comisión señaló la necesidad de revisión de las políticas contra el narcotráfico ejecutadas hasta el momento.
El gobierno aclaró que este proyecto no se opone a ninguna normativa internacional. “Holanda tiene legalizada la comercialización y el control de marihuana desde el año 1977 y no contraviene ningún tratado internacional”, afirma.
El proyecto, formado por un único artículo, señala que “el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización, y distribución de marihuana o sus derivados”.
La norma prevé que sea el Estado quien realice “toda otra actividad material que resulte necesaria, previa, concomitante o posterior” al mercado de cannabis, según el proyecto publicado por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia uruguaya.
Este proyecto no modifica la vigente prohibición del comercio de marihuana entre particulares, y el gobierno asegura que se desarrollará en “el marco de una política de reducción de daños” que “alerte” a los ciudadanos sobre los efectos nocivos del consumo de la droga.
La decisión del gobierno uruguayo tiene entre sus objetivos “la separación del mercado de la marihuana del mercado de las otras drogas”, toxicológicamente más riesgosas, y la “inclusión social plena” de su uso.
Además, a través de este proyecto se busca “desarrollar un combate frontal al narcotráfico”, negocio que según estimaciones tomadas por el proyecto movilizan entre 30 y 40 millones de dólares anuales y que implican “una fuente de corrupción y violencia” social.
Jorge Baremberg, referente del Centro Comercial, decidió poner fin a la actividad de uno de los locales más emblemáticos de la ciudad. El cambio en los hábitos de consumo y la falta de relevo generacional fueron los factores determinantes.