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El Gobierno socialista francés ha aprobado este miércoles en Consejo de Ministros la prometida contrarreforma de las pensiones, desafiando tanto la política de rigor y austeridad que recorre Europa como las recientes recomendaciones de la Comisión Europea, que hace unos días alertó de que el sistema de pensiones francés puede no ser sostenible a medio plazo. La ministra de Asuntos Sociales, Marisol Touraine, autora de la reforma, ha explicado que los trabajadores que empezaron a cotizar a los 18 o 19 años tendrán derecho a jubilarse a los 60 años, y no deberán esperar a los 62 años como estipulaba la ley aprobada en 2010 por la mayoría liderada por Nicolas Sarkozy.

Aquella reforma de estirpe liberal redujo la jubilación a los 60 años para quienes empezaron a trabajar a los 17 años o antes. El nuevo presidente, François Hollande, firmará un decreto para que la medida entre en vigor el 1 de noviembre, una fórmula que ha irritado a la oposición conservadora, que la ha definido como un ataque a la democracia porque no pasa por el Parlamento.

Pese a la presión de Alemania y Bruselas, inquietas por que el Gobierno socialista eleve el gasto público más allá de lo aconsejable para cumplir el objetivo de déficit del 3% el año próximo, aquellos asalariados nacidos en 1955 o después y que hayan cotizado 41,5 anualidades podrán abandonar sus trabajos a partir de noviembre.

Como símbolo de la justicia social que preconiza Hollande, el nuevo sistema ofrece ventajas a las mujeres y los parados. Los periodos de desempleo y los permisos de maternidad contarán entre los trimestres necesarios para jubilarse. Los desempleados de larga duración y las madres de tres hijos o más que hayan sufrido enfermedades largas podrán apuntarse dos trimestres suplementarios para jubilarse a los 60 años. Según el Gobierno, el sistema anterior penalizaba a estas mujeres, que solo suponen el 25% de las trabajadoras con carreras prolongadas.

La modificación de una de las innovaciones más emblemáticas de la etapa Sarkozy fue una de las claves de la campaña electoral que llevó a Hollande al Elíseo. El candidato socialista aseguró que no era justo que los trabajadores con “carreras largas” que habían cotizado a la Seguridad Social más de 40 anualidades no pudieran acceder a la pensión a los 60 años, y prometió dar marcha atrás en cuanto llegara al poder.

La reforma tendrá un efecto limitado. El Gobierno estima que afectará a más del 20% de las pensiones globales y que en 2013 podrán acogerse a la extensión del sistema entre 110.000 y 120.000 personas. El coste para el Estado será de 1.200 millones de euros el año próximo, y de 3.000 millones anuales desde 2017. La financiación se cubrirá con un aumento de las cotizaciones sociales de dos décimas de punto: una décima la costearán los trabajadores y otra las empresas.

La medida ha sido juzgada como electoralista por la oposición de la UMP, que considera un “escándalo” que sea aprobada mediante un decreto, lo que impide su discusión en el Parlamento. El oportunismo político de la reforma es evidente: el primer turno de las elecciones legislativas se celebra el domingo.