La Justicia santafesina dispuso la continuidad de la prisión preventiva para María Millia, titular de una residencia geriátrica clandestina en la que se encontraban siete adultos mayores en situación de abandono de persona. Durante la audiencia de revisión prevista en el artículo 225 del Código Procesal Penal, el juez de la causa dio por acreditados los elementos exigidos para sostener la cautelar en el proceso. “El magistrado sostuvo por acreditado los tres incisos del artículo 220, es decir, entendió que estaban acreditados los elementos para sostener la probable autoría, que la pena efectivamente podía ser de cumplimiento efectivo y que existían riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento probatorio”, detalló el fiscal Marcelo Nessier.
La audiencia representó la primera oportunidad en la que la Fiscalía desplegó ante el tribunal la totalidad de las evidencias recolectadas, luego de que la prisión preventiva hubiera sido pactada inicialmente entre las partes. Además del delito principal de abandono de personas en concurso real respecto de las siete víctimas privadas de su libertad en el geriátrico no habilitado, Nessier expuso nuevas líneas de investigación que justifican mantener el encierro cautelar. En tal sentido, el representante del MPA indicó que se investigan maniobras de estafa y retención indebida de DNI, tarjetas de cobro y documentación personal de los abuelos, así como el posible delito de cohecho.
Respecto a la hipótesis de cohecho, el fiscal explicó que de las entrevistas testimoniales surgieron los nombres de asistentes sociales que derivaban a los adultos mayores hacia la residencia clandestina. A partir de informes solicitados al Banco Central y a diversas entidades financieras como Francés, Macro, Santa Fe, Tarjeta Naranja y Mercado Pago, la Fiscalía detectó al menos 20 transacciones bancarias entre la imputada y algunos de los agentes mencionados. “Hemos detectado que hay transacciones y transferencias entre la imputada y algunas de estas personas mencionadas”, precisó Nessier, destacando sumas significativas de 150.000, 650.000 y 800.000 pesos que actualmente son materia de pericia contable.
Al fundamentar el peligro de entorpecimiento probatorio, Nessier remarcó que la imputada estuvo prófuga durante siete días y que se entregó tras una negociación sin su teléfono celular. “La imputada estuvo prófuga 7 días y cuando se entrega, luego de negociar su entrega, lo hace sin su teléfono celular”, enfatizó el fiscal, calificando el ocultamiento del aparato como una maniobra concreta de entorpecimiento, ya que en el dispositivo constaban contactos y comunicaciones sobre las transacciones. Pese a ello, la Justicia ya autorizó el peritaje sobre otros cuatro celulares secuestrados al coimputado Hoyos y a otras personas vinculadas a la causa.
Finalmente, la investigación analiza la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de personal municipal que intervino en las derivaciones a un lugar no habilitado. En cuanto a los próximos pasos del proceso, la Fiscalía aguarda la conclusión de los peritajes contables y telefónicos, al tiempo que gestiona declaraciones por anticipo jurisdiccional de prueba para resguardar el testimonio de las víctimas debido a su avanzada edad y problemas de salud. “Tenemos pendientes todavía la producción de distintas evidencias que se van a convertir en pruebas si esta instancia lleva a juicio oral y público o si termina concluyéndose en un juicio de procedimiento abreviado”, concluyó Nessier.